Presentación

2018/12/27

"¿Fondos privados de pensiones, son una solución?", video de José Carlos Escalante.

Del contertulio José Carlos Escalante, @Mambi_06 en Twitter, una presentación en video.



"Los fondos privados de pensiones se plantean como la panecea para las dificultades pensionales de los Estados modernos, y Colombia es uno de esos Estados que los ha implementado. Pero, ¿Realmente ofrecen buenas condiciones a los administrados?"

 Felicitaciones a José Carlos, voz nueva en este debate.

2018/12/24

Documento de la Santa Sede sobre ética de mercados financieros

Hoy en la víspera de la Navidad de 2018, copio apartes de un importantísimo documento de la Santa Sede sobre mercados financieros, de especial relevancia para evaluar el mercado de capitales y pensional colombiano. Recomiendo su lectura completa. Fuente: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html  . Quise enfatizar algunos apartes: los subrayados son míos.  

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.- Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, 17.05.2018


[...]

6.
Está en juego el verdadero bienestar de la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro planeta, que corren el riesgo de verse confinados cada vez más a los márgenes, cuando no de ser «excluidos y descartados»[11] del progreso y el bienestar real, mientras algunas minorías explotan y reservan en su propio beneficio vastos recursos y riquezas, permaneciendo indiferentes a la condición de la mayoría. Por lo tanto, es hora de retomar lo que es auténticamente humano, ampliar los horizontes de la mente y el corazón, para reconocer lealmente lo que nace de las exigencias de la verdad y del bien, y sin lo cual todo sistema social, político y económico está destinado, en definitiva, a la ruina y a la implosión. Es cada vez más claro que el egoísmo a largo plazo no da frutos y hace pagar a todos un precio demasiado alto; por lo tanto, si queremos el bien real del hombre verdadero para los hombres, «¡el dinero debe servir y no gobernar!».[12]

Al respecto, es verdad que corresponde primordialmente a los operadores competentes y responsables desarrollar nuevas formas de economía y finanza, cuyas prácticas y normas se orienten al progreso del bien común y sean respetuosas de la dignidad humana, en la línea segura trazada por la enseñanza social de la Iglesia. Con este documento, sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya competencia también se extiende a cuestiones de naturaleza moral, en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quiere ofrecer algunas consideraciones de fondo y puntualizaciones para apoyar el progreso y defender aquella dignidad.[13] En particular, es necesario emprender una reflexión ética sobre ciertos aspectos de la intermediación financiera, cuyo funcionamiento, habiéndose desvinculado de fundamentos antropológicos y morales apropiados, no sólo ha producido abusos e injusticias evidentes, sino que se ha demostrado también capaz de crear crisis sistémicas en todo el mundo. Es un discernimiento que se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

II. Consideraciones básicas de fondo

7.
Algunas consideraciones elementales son evidentes a los ojos de todos los que, lealmente, tienen presente la situación histórica en la que vivimos; y ello más allá de cualquier teoría o escuela de pensamiento, en cuyas legítimas discusiones este documento no pretende intervenir y a cuyo diálogo, por el contario, desea contribuir, con la conciencia de que no hay recetas económicas válidas universalmente y para siempre.

[...]

12.
Ninguna actividad económica puede sostenerse por mucho tiempo si no se realiza en un clima de saludable libertad de iniciativa.[23] Es asimismo evidente que la libertad de la que gozan, hoy en día, los agentes económicos, entendida en modo absoluto y separado de su intrínseca referencia a la verdad y al bien, tiende a generar centros de supremacía y a inclinarse hacia formas de oligarquía, que en última instancia perjudican la eficiencia misma del sistema económico.[24]

Desde este punto de vista, cada vez es más fácil ver cómo, ante el creciente y penetrante poder de agentes importantes y grandes redes económicas y financieras, a los actores políticos, a menudo desorientados e impotentes a causa de la supranacionalidad de tales agentes y de la volatilidad del capital manejado por estos, les cuesta responder a su vocación original como servidores del bien común, y pueden incluso convertirse en siervos de intereses extraños a ese bien.[25]

Esto hace hoy más que nunca urgente una alianza renovada entre los agentes econó­micos y políticos en la promoción de todo aquello que es necesario para el completo desarrollo de cada persona humana y de toda la sociedad, conjugando al mismo tiempo las exigencias de la solidaridad y la subsidiariedad.[26]

13.
En principio, todas las dotaciones y medios utilizados por los mercados para aumentar su capacidad de asignación, si no están dirigidos contra la dignidad de la persona y tienen en cuenta el bien común, son moralmente admisibles.[27]

Sin embargo, es asimismo evidente que ese potente propulsor de la economía que son los mercados es incapaz de regularse por sí mismo:[28] de hecho, estos no son capaces de generar los fundamentos que les permitan funcionar regularmente (cohesión social, honestidad, confianza, seguridad, leyes...), ni de corregir los efectos externos negativos (diseconomy) para la sociedad humana (desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude...).

14.
No es posible, además, más allá del hecho de que muchos de sus operadores están animados individualmente por buenas y correctas intenciones, ignorar que en la actualidad la industria financiera, debido a su omnipresencia y a su inevitable capacidad de condicionar y – en cierto sentido – de dominar la economía real, es un lugar donde los egoísmos y los abusos tienen un potencial sin igual para causar daño a la comunidad.

En este sentido, hay que destacar que en el mundo económico y financiero se dan casos en los cuales algunos de los medios utilizados por los mercados, aunque no sean en sí mismos inaceptables desde un punto de vista ético, constituyen sin embargo casos de inmoralidad próxima, a saber, ocasiones en las cuales con mucha facilidad se generan abusos y fraudes, especialmente en perjuicio de la contraparte en desventaja. Por ejemplo, comercializar algunos productos financieros, en sí mismos lícitos, en situación de asimetría, aprovechando las lagunas informativas o la debilidad contractual de una de las partes, constituye de suyo una violación de la debida honestidad relacional y es una grave infracción desde el punto ético.

Dado que, en la situación actual, la complejidad de muchos productos financieros hace de esa asimetría un elemento intrínseco al sistema – que pone a los compradores en una posición de inferioridad en relación a quienes los comercializan – no pocos piden la superación del principio tradicional del caveat emptor (“¡atento, comprador!”). Este principio, según el cual incumbiría ante todo al comprador la responsabilidad de verificar la calidad del bien adquirido, presupone, de hecho, la igualdad en la capacidad de proteger el propio interés por parte de los contrayentes; lo que, de hecho, hoy en día en muchos casos no existe, ya sea por la evidente relación jerárquica que se instaura en algunos tipos de contratos (como entre prestamista y el prestatario), ya sea por la compleja estructuración de muchas ofertas financieras.

15.
 También el dinero es en sí mismo un instrumento bueno, como muchas cosas de las que el hombre dispone: es un medio a disposición de su libertad, y sirve para ampliar sus posibilidades. Este medio, sin embargo, se puede volver fácilmente contra el hombre. Así también la multiplicidad de instrumentos financieros (financialization) a disposición del mundo empresarial, que permite a las empresas acceder al dinero mediante el ingreso en el mundo de la libre contratación en bolsa, es en sí mismo un hecho positivo. Este fenómeno, sin embargo, implica hoy el riesgo de provocar una mala financiación de la economía, haciendo que la riqueza virtual, concentrándose principalmente en transacciones marcadas por un mero intento especulativo y en negociaciones “de alta frecuencia” (high-frequency trading), atraiga a sí excesivas cantidades de capitales, sustrayéndolas al mismo tiempo a los circuitos virtuosos de la economía real.[29]

Lo que había sido tristemente vaticinado hace más de un siglo, por desgracia, ahora se ha hecho realidad: el rendimiento del capital asecha de cerca y amenaza con suplantar la renta del trabajo, confinado a menudo al margen de los principales intereses del sistema económico. En consecuencia, el trabajo mismo, con su dignidad, no sólo se convierte en una realidad cada vez más en peligro, sino que pierde también su condición de “bien” para el hombre,[30] convirtiéndose en un simple medio de intercambio dentro de relaciones sociales asimétricas.

Precisamente en esa inversión de orden entre medios y fines, en virtud del cual el trabajo, de bien, se convierte en “instrumento” y el dinero, de medio, se convierte en “fin”, encuentra terreno fértil esa “cultura del descarte”, temeraria y amoral, que ha marginado a grandes masas de población, privándoles de trabajo decente y convirtiéndoles en sujetos “sin horizontes, sin salida”:
«Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, “sobrantes”».[31]
[...]

17.
Es un fenómeno éticamente inaceptable, no la simple ganancia, sino el aprovecharse de una asimetría en favor propio para generar beneficios significativos a expensas de otros; lucrar explotando la propia posición dominante con desventaja injusta de los demás o enriquecerse creando perjuicio o perturbando el bienestar colectivo.[33]

Esta práctica es particularmente deplorable, desde el punto de vista moral, cuando unos pocos – por ejemplo importantes fondos de inversión – intentan obtener beneficios, mediante una especulación[34] encaminada a provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la situación económica de países enteros, poniendo en peligro no sólo los proyectos públicos de saneamiento económico sino la misma estabilidad económica de millones de familias, obligando al mismo tiempo a las autoridades gubernamentales a intervenir con grandes cantidades de dinero público, y llegando incluso a determinar artificialmente el funcionamiento adecuado de los sistemas políticos.

La finalidad especulativa, especialmente en el campo económico financiero, amenaza hoy con suplantar a todos los otros objetivos principales en los que se concreta la libertad humana. Este hecho está deteriorando el inmenso patrimonio de valores que hace de nuestra sociedad civil un lugar de coexistencia pacífica, de encuentro, de solidaridad, de reciprocidad regeneradora y de responsabilidad por el bien común. En este contexto, palabras como “eficiencia”, “competencia”, “liderazgo”, “mérito” tienden a ocupar todo el espacio de nuestra cultura civil, asumiendo un significado que acaba empobreciendo la calidad de los intercambios, reducidos a meros coeficientes numéricos.

Esto requiere ante todo que se emprenda una reconquista de lo humano, para reabrir los horizontes a la sobreabundancia de valores, que es la única que permite al hombre encontrarse a sí mismo y construir sociedades que sean acogedoras e inclusivas, donde haya espacio para los más débiles y donde la riqueza se utilice en beneficio de todos. En resumen, lugares donde al hombre le resulte bello vivir y fácil esperar.

 III. Algunas puntualizaciones en el contexto actual

[...]
21. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado con evidencia, por un lado, lo ingenua que es la confianza en una autosuficiencia distributiva de los mercados, independiente de toda ética y, por otro lado, la impelente necesidad de una adecuada regulación, que conjugue al mismo tiempo libertad y tutela de todos los sujetos que en ella operan en régimen de una sana y correcta interacción, especialmente de los más vulnerables. En este sentido, los poderes políticos y económico-financieros deben siempre mantenerse distintos y autónomos y al mismo tiempo orientarse, más allá de todas complicidad nociva, a la realización de un bien que es tendencialmente común y no reservado a pocos sujetos privilegiados.[40]

Esa regulación se hace aún más necesaria ya sea por la constatación de que entre los principales motivos de la reciente crisis económica se hallan también conductas inmorales de representantes de mundo financiero, ya sea por el hecho de que la dimensión supranacional del sistema económico permite burlar fácilmente las reglas establecidas por los distintos países. Además, la extrema volatilidad y movilidad de los capitales comprometidos en el mundo financiero permite a quien dispone de ellos operar fácilmente más allá de toda norma que no sea la de un beneficio inmediato, chantajeando a menudo desde una posición de fuerza también al poder político de turno.

[...]
 Las reglas deben favorecer una completa trasparencia de lo que se negocia, para eliminar toda forma de injusta desigualdad, garantizando lo más posible un equilibrio en los intercambios. Especialmente teniendo en cuenta que la concentración asimétrica de informaciones y poder tiende a reforzar a los sujetos económicos más fuertes, creando hegemonías capaces de influenciar unilateralmente no sólo los mercados sino incluso los mismos sistemas políticos y normativos. Por lo demás, allí donde se ha practicado una desregulación masiva se ha puesto en evidencia que los espacios de vacío normativo e institucional constituyen espacios favorables, no sólo para el riesgo moral y la malversación, sino también para la aparición de exuberancias irracionales de los mercados – a las que siguen burbujas especulativas y luego repentinos colapsos ruinosos – y de crisis sistémicas.[42]

22.
[...]
La salud del sistema financiero exige además la mayor cantidad de información posible, para que cada sujeto pueda tutelar en plena y consciente libertad sus intereses: es importante, en efecto, saber si los propios capitales son usados con fines especulativos o no, así como conocer claramente el grado de riesgo y la congruencia del precio de los productos financieros que se subscriben. Sobre todo considerando que el ahorro, especialmente el familiar, es un bien público que hay que tutelar y que trata siempre de excluir el riesgo. El mismo ahorro, cuando se pone en manos expertas de asesores financieros, tiene que ser bien administrado y no simplemente gestionado.

Entre los comportamientos moralmente criticables en la gestión del ahorro por parte de los asesores financieros cabe señalar:
  • los excesivos movimientos del portafolio de títulos, con el propósito principal de incrementar los ingresos generados por las comisiones del intermediario; 
  • la desaparición de la imparcialidad debida en la oferta de instrumentos de ahorro, con la complicidad de algunos bancos, allí donde los productos de otros sujetos se ajustarían mejores a las necesidades del cliente; 
  • la falta de diligencia adecuada o incluso negligencia dolosa por parte de los consultores, respecto a la protección de los intereses de portafolio de sus clientes; 
  • la concesión de préstamos por parte de un intermediario bancario, subordinada a la simultánea subscripción de otros productos financieros quizás no favorables al cliente. 

[...]

27.
Estos [tasas LIBOR y de intercambio de divisas] son parámetros importantes, que tienen un impacto significativo en todo el sistema económico-financiero, ya que afectan a las grandes transferencias diarias de efectivo entre las partes que suscriben contratos basados precisamente en la cuantificación de dichas tasas. La manipulación de esta constituye por lo tanto un caso de grave violación ética, con consecuencias de amplio alcance.

El hecho de que esto haya podido suceder impunemente durante muchos años demuestra lo frágil y expuesto al fraude que es un sistema financiero que no esté suficientemente controlado por normas y se halle desprovisto de sanciones proporcionadas a las violaciones en las que incurren sus actores. En este contexto, la creación de verdaderos “carteles” de connivencia entre los sujetos responsables de la correcta fijación del nivel de esas tasas constituye un caso de asociación para delinquir particularmente perjudicial para el bien común, que inflige una peligrosa herida a la salud del sistema económico y que hay que sancionar con penas adecuadas que disuadan de su reiteración. [¡A propósito de la cartelización de tasas de comisiones de administración que he denunciado!].


28.
Hoy en día, los principales actores del mundo financiero, y en especial los bancos, deben contar con órganos internos que garanticen el adecuado control de conformidad (compliance), o autocontrol de la legitimidad de los principales pasos del proceso de decisión y de los productos más importantes ofrecidos por la empresa. Sin embargo, cabe señalar que, al menos hasta un pasado muy reciente, la práctica del sistema económico-finan­ciero se basa en gran parte en un juicio puramente negativo del control de conformidad, es decir, sobre un respeto meramente formal de los límites establecidos por las leyes vigentes. Desafortunadamente, de esto también deriva la frecuencia de una praxis de hecho elusiva de los controles normativos, es decir, de acciones destinadas a zafarse de los principios normativos vigentes, cuidándose bien, empero, de no contradecir explícitamente las normas que los expresan, para evitar sanciones.

Para evitar todo ello, es necesario que el control de conformidad entre en lo específico de las diferentes transacciones también en positivo, verificando su cumplimiento efectivo de los principios que informan la normativa vigente. La práctica de esta modalidad de control quedaría facilitada, según el parecer de muchos, si se establecieran Comités éticos, que funcionasen junto a los Consejos de Administración y constituyeran el interlocutor natural de quienes deben garantizar, en el correcto operar de los bancos, la conformidad entre los comportamientos y las razones de las normas vigentes.

A tal fin, dentro de las empresas habría que disponer líneas guía, que permitan facilitar este juicio de conformidad, de modo que sea posible discernir cuáles de las transacciones técnicamente viables en el aspecto jurídico, son de hecho, legítimas y viables desde el punto de vista ético (cuestión muy relevante, por ejemplo, para las prácticas de elusión fiscal). El objetivo es pasar de un respeto formal a un respeto sustancial de las reglas.

Además, es deseable que también en el sistema normativo que regula el mundo financiero haya una cláusula general que declare ilegítimos, con la consiguiente responsabilidad patrimonial de todos los sujetos imputables, aquellos actos cuyo propósito sea principalmente la elusión de la normativa vigente.



[...]

30.
De esta intención especulativa se nutre además el mundo de las finanzas offshore, que, aunque también ofrece otros servicios legales, a través de los ampliamente difusos canales de elusión fiscal – la evasión y el lavado de dinero sucio – constituye otra razón de empobrecimiento del sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios. Es difícil discernir si muchas de estas situaciones dan lugar a casos de inmoralidad próxima o inmediata: es ciertamente evidente que tales realidades, donde substraen injustamente linfa vital a la economía real, difícilmente pueden encontrar una justificación, ya sea desde el punto de vista ético, ya sea en términos de la eficiencia global del mismo sistema económico.

Más aún, cada vez resulta más claro que existe un grado de correlación apreciable entre el comportamiento no ético de los operadores y la quiebra del sistema en su conjunto: es ya innegable que las deficiencias éticas exacerban las imperfecciones de los mecanismos del mercado[46].

En la segunda mitad del siglo pasado, nació el mercado offshore de los euro-dólares, lugar financiero de intercambio fuera de cualquier marco normativo oficial. Mercado que desde un importante país europeo se ha extendido a otros países alrededor del mundo, creando una verdadera red financiera, alternativa al sistema financiero oficial, jurisdicciones que la protegían.

A este respecto, cabe señalar que, si bien la razón formal para legitimar la presencia de sedes offshore es la de evitar que los inversores institucionales sufran una doble tasación, primero en su país de residencia y luego en el país en el que están domiciliados los fondos, de hecho, estos lugares se han convertido hoy en día, en ocasión de operaciones financieras a menudo al límite de la legalidad, cuando no se “pasan de la raya”, tanto desde el punto de vista de su legalidad normativa, como desde el punto de vista ético, es decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de elusión fiscal.

En la actualidad, más de la mitad del comercio mundial es llevada a cabo por grandes sujetos, que reducen drásticamente su carga fiscal transfiriendo los ingresos de un lugar a otro, dependiendo de lo que les convenga, transfiriendo los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a los países con altos impuestos. Está claro que esto ha restado recursos decisivos a la economía real, y ha contribuido a la creación de sistemas económicos basados en la desigualdad. Por otra parte, no es posible ignorar que esas sedes offshore se han convertido en lugares de lavado de dinero “sucio”, es decir, fruto de ganancias ilícitas (robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra...).

Así, al disimular el hecho de que las operaciones offshore no se llevaban a cabo en sus plazas financieras oficiales, algunos Estados han permitido que se sacara provecho incluso de delitos, sintiéndose no responsables porque no se realizaban formalmente bajo su jurisdicción. Esto representa, desde un punto de vista moral, una forma obvia de hipocresía.

En poco tiempo, este mercado se ha convertido en el lugar de mayor tránsito de capitales, ya que su configuración representa una manera fácil de realizar diferentes e importantes formas de elusión fiscal. Se entiende entonces que la domiciliación offshore de muchas empresas importantes que participan en el mercado sea muy deseada y practicada.



31.
Ciertamente, el sistema fiscal de los Estados no siempre parece justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real.

En cualquier caso, es precisamente la elusión fiscal de los principales actores que se mueven en los mercados, especialmente los grandes intermediarios financieros, lo que representa una abominable sustracción de recursos a la economía real y un daño para toda la sociedad civil. Dada la falta de transparencia de esos sistemas es difícil determinar con precisión la cantidad de capital que pasa a través de ellos; sin embargo, se ha calculado que bastaría un impuesto mínimo sobre las transacciones offshore para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo: ¿por qué no hacerlo con valentía?

Además, se ha demostrado que la existencia de sedes offshore favorece asimismo enormes salidas de capital de muchos países de bajos ingresos, generando numerosas crisis políticas y económicas e impidiendo a los mismos embarcarse finalmente en el camino del crecimiento y del desarrollo saludable.

A este propósito, hay que señalar que diversas instituciones internacionales han denunciado reiteradamente todo esto, y no pocos gobiernos nacionales han tratado justamente de limitar el alcance de las plazas financieras offshore. Ha habido muchos esfuerzos positivos en este sentido, especialmente en los últimos diez años. Sin embargo, todavía no ha sido posible imponer acuerdos y normativas adecuadamente eficaces en tal sentido; los esquemas normativos propuestos en esta área también por prestigiosas organizaciones internacionales han quedado frecuentemente sin aplicación o han resultado ineficaces, debido a la poderosa influencia que estas plazas pueden ejercer, a causa del gran capital del que disponen frente a tantos poderes políticos.

Todo lo cual, al mismo tiempo que constituye un grave perjuicio al buen funcionamiento de la economía real, representa una estructura que, tal como está configurada actualmente, resulta totalmente inaceptable desde el punto de vista ético. Es, por lo tanto, necesario y urgente que, a nivel internacional, se apliquen los remedios apropiados a estos sistemas inicuos; en primer lugar, practicando a todos los niveles la transparencia financiera (por ejemplo, con la obligación de rendición de cuentas, para las empresas multinacionales, de sus respectivas actividades e impuestos pagados en cada país donde operan a través de sus filiales); y también con sanciones incisivas impuestas a los países que reiteren las prácticas deshonestas (evasión y elusión de impuestos, lavado de dinero sucio) mencionadas anteriormente.

32.
Especialmente en los países con economías menos desarrolladas, el sistema offshore ha empeorado la deuda pública. Se ha observado, en efecto, que la riqueza privada acumulada en los paraísos fiscales por algunas élites ha casi igualado la deuda pública de sus respectivos países. Esto evidencia asimismo que, de hecho, en el origen de esa deuda a menudo están los pasivos económicos generados por privados y luego descargados sobre los hombros del sistema público. Entre otras cosas, es bien sabido que importantes sujetos económicos tienden a buscar la socialización de las pérdidas, frecuentemente, con la connivencia de los políticos.

[...]

33.
Todo lo dicho hasta ahora no afecta solo a entidades fuera de nuestro control, sino que cae también dentro de la esfera de nuestra responsabilidad. Esto significa que tenemos a nuestra disposición herramientas importantes para contribuir a resolver muchos problemas. Por ejemplo, los mercados viven gracias a la demanda y a la oferta de bienes; en este sentido, cada uno de nosotros puede influir en modo decisivo, al menos, en la configuración de esa demanda.

Por lo tanto, es importante un ejercicio crítico y responsable del consumo y del ahorro. Hacer la compra, acción cotidiana con la que nos dotamos de lo necesario para vivir, implica también una selección entre los diversos productos que ofrece el mercado. Es una opción que a menudo realizamos de manera inconsciente, comprando bienes cuya producción se realiza, por ejemplo, a través de cadenas productivas donde es normal la violación de los más elementales derechos humanos o gracias a empresas cuya ética, de hecho, no conoce otros intereses sino los de la ganancia de sus accionistas a cualquier costo.

Es necesario seleccionar aquellos bienes de consumo detrás de los cuales hay un proceso éticamente digno, ya que incluso a través del gesto, aparentemente banal, del consumo expresamos con los hechos una ética, y estamos llamados a tomar partido ante lo que beneficia o daña al hombre concreto. Alguien ha hablado, en este sentido, de “votar con la cartera”: se trata, en efecto, de votar diariamente en el mercado a favor de lo que ayuda al verdadero bienestar de todos nosotros y rechazar lo que lo perjudica.[48]

Las mismas reflexiones deben hacerse en relación a la gestión de los propios ahorros, dirigiéndolos, por ejemplo, hacia aquellas empresas que operan con criterios claros, inspirados en una ética respetuosa del hombre entero y de todos los hombres y en un horizonte de responsabilidad social.[49] Y, más en general, cada uno está llamado a cultivar prácticas de producción de riqueza que sean congruentes con nuestra índole relacional y tendentes al desarrollo integral de la persona

IV. Conclusión

34.
Frente a la inmensidad y omnipresencia de los actuales sistemas económico-finan­cieros, nos podemos sentir tentados a resignarnos al cinismo y a pensar que, con nuestras pobres fuerzas, no podemos hacer mucho. En realidad, cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo.
Muchas asociaciones con origen en de la sociedad civil son, en este sentido, una reserva de conciencia y responsabilidad social, de la que no podemos prescindir. Hoy más que nunca, todos estamos llamados a vigilar como centinelas de la vida buena y a hacernos intérpretes de un nuevo protagonismo social, basando nuestra acción en la búsqueda del bien común y fundándola sobre sólidos principios de solidaridad y subsidiariedad.

Cada gesto de nuestra libertad, aunque pueda parecer frágil e insignificante, si orienta realmente al auténtico bien, se apoya en Aquel que es Señor bueno de la historia, y se convierte en parte de una positividad, que va más allá de nuestras pobres fuerzas, uniendo indisolublemente todos los actos de buena voluntad en una red que une el cielo con la tierra, verdadero instrumento de humanización del hombre y del mundo. Esto es lo que necesitamos para vivir bien y nutrir una esperanza que esté a la altura de nuestra dignidad de personas humanas.

[...]

El Sumo Pontífice Francisco, en la audiencia concedida al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha aprobado las presentes Consideraciones, decididas en la Sesión Ordinaria de este Dicasterio y ha ordenado su publicación.
Dado en Roma el 6 de enero de 2018, Solemnidad de la Epifanía del Señor.


Notas de pie de página.


[11] Francesco, Exhort. ap. Evangelii gaudium ( 24 novembre 2013), n. 53: AAS 105 (2013), 1042.

[12] Ibid., n. 58: AAS 105 (2013), 1042.

[13] Cf. Concilio EcuménicoVaticano II, Decl. Dignitatis humanae, n. 14.

[...]

[23] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 de mayo de 1991), nn. 17, 24, 42: AAS 83 (1991), 814, 821, 845.

[24] Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno (15 de mayo de 1931), n. 105: AAS 23 (1931), 210; Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 de marzo de 1967), n. 9: AAS 59 (1967), 261; Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 203: AAS 107 (2015), 927.

[25] Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 175: AAS 107 (2015), 916. Sobre el vínculo necesario entre economía y política, cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, n. 36: AAS 101 (2009), 671: «La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios».

[26] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, n. 58: AAS (2009), 693.

[27] Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, n. 64.

[28] Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, n. 89: AAS 23 (1931), 206; Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 35: AAS 101 (2009), 670; Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 204: AAS 105 (2013), 1105.

[29] Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 109: AAS 107 (2015), 891.

[30] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14 de septiembre de 1981), n. 9: AAS 73 (1981), 598.

[31] Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 53: AAS 105 (2013), 1042.

[32] Cf. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 369.

[33] Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, n. 132: AAS 23 (1931), 219; Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, n. 24: AAS 59 (1967), 269.

[34] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2409.

[...]

[40] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollecitudo rei socialis, n. 28 AAS 80 (1988),548.

[...]

[46] Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 189: AAS 107 (2015), 922.

[...]

[48] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, n. 66: AAS 101 (2009), 699.
[49] Cf. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 358








2018/12/21

Hacia una economía de y para los trabajadores cotizantes

Artículo anterior discutió por qué los cotizantes deberían conformar juntas directivas de los fondos pensionales mismos, para independizarlos de la ineficiencia y malgasto causado por la mala administración de las administradoras de fondos (AFP).

El que los cotizantes organizados deban retomar control de sus inversiones implica dar otro paso: el que también los cotizantes hagan valer sus derechos de propiedad, asumiendo verdadera dirección y supervisión de las empresas donde se ha invertido la plata pensional, sentándose en las juntas directivas de esas empresas.

De los 240 billones de pesos que hay en fondos pensionales obligatorios, alrededor de 33 billones (15%) están invertidos en acciones de compañías colombianas. Aquí van algunos ejemplos: BanColombia, Grupo Energía Bogotá y Grupo Argos.

BanColombia: De las acciones ordinarias de BanColombia, casi 20% son de los fondos de pensiones. (Sólo las acciones ordinarias dan puesto en las juntas directivas; creo que los fondos de pensiones deberían desembarazarse de las tales acciones preferenciales).  


Grupo Energía Bogotá: de este grupo, antigua Empresa de Energía, los fondos obligatorios tienen 18,84% (9,21%+6,49%+2,36%+0,78%) de las acciones.

Grupo Argos: fondos pensionales tienen casi 11% de las acciones ordinarias (5.14+3.73+1.47+0.56).

Sin embargo,  ¡fondos pensionales tienen 63,5% de las acciones preferenciales! (22.48+21.41+6.15+2.36+1.90+1.84+1.66+1.40+1.32+1.28+1.02+0.65) Esto es sorprendente y preocupante: si los cotizantes han invertido tanto en ser dueños de una compañía, cómo es que renuncian a sentarse en la junta directiva?


Si los cotizantes, por medio de los fondos pensionales, son dueños de alrededor del 20% de muchas de las empresas que cotizan en bolsa, es apenas lógico que deben tener sus intereses representados en esas empresas.

Hasta ahora el poder de ese 20% de acciones ha sido usurpado por las administradoras de fondos pensionales ("AFP"). A estas alturas, ¿usted cree que el representante en junta directiva que salió elegido con los votos de Protección va a hacer cosa distinta de procurar los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de Protección?

Las tajadas accionarias de los fondos pensionales se usan como herramienta de poder corporativo. Véase de nuevo la distribución de dueños de acciones ordinarias de BanColombia:



El Grupo Sura mismo, con 46,1%, no tiene la mitad más uno de las acciones, pero al sumarle las acciones de los fondos pensionales bajo control de la AFP Protección (un poco menos de 5%), tiene la mayoría efectiva.

Es hora de que los sindicatos y asociaciones profesionales animen a los cotizantes a que reclamen el poder corporativo que se han dejado usurpar por parte de las administradoras pensionales. Es muy ignorante y hasta estúpido si renuncian al poder enorme que dan 240 billones de pesos en inversiones totales, y específicamente 33 billones de pesos en acciones de empresas colombianas -- el 20%, y creciendo, de las empresas colombianas que cotizan en bolsa. Por ello no puedo apoyar el que se llame a los cotizantes, sobre todo aquellos más despiertos políticamente, a sacar su plata de los fondos de pensiones. Y a propósito de los escándalos corporativos recientes, ¿ustedes no creen que un buen gobierno corporativo, con representantes independientes, protegería contra esos casos de corrupción empresarial? 

Sucedió la revolución y no nos dimos cuenta: los cotizantes ya no son proletariado, sino dueños de enormes masas de capital.

¿Vamos a dejar que la contrarrevolución ocurra, y que mediante el desangre de las comisiones y la usurpación en las juntas directivas, la propiedad y control de ese nuevo y enorme capital quede plenamente en manos del parasitismo financiero? 

2018/12/17

Víctimas de las administradoras de fondos privados piden justicia: carta

Carta enviada por la campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno, y las Víctimas de las AFP, radicada por la profesora María del Rosario Vázquez Piñeros. La Defensoría del Pueblo remitió copia a la Procuraduría, Fiscalía, Comisión 7a del congreso, Superintendencia de Industria y Comercio y Asofondos.



Bogotá D.C., 18 de agosto del 2018

Señor Dr.
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo
República de Colombia
Bogotá D.C.

Apreciado Dr.:

A pesar de que los medios de comunicación no han denunciado con la amplitud y claridad requeridas, la forma irregular como las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones vincularon a muchos de sus cotizantes, aumenta la inconformidad por la situación en que quedaron las víctimas de este engaño.

Las quejas hacen referencia a varios tipos de afiliaciones irregulares: presión por parte del empleador para que el trabajador se trasladara del régimen público a una AFP; ofrecimiento de dinero o dádivas o comisiones a quienes promovían estas afiliaciones; afiliación del trabajador, sin su consentimiento; oferta a jóvenes estudiantes universitarios de tarjetas promocionales y de seguros estudiantiles gratuitos, sin advertir que la suscripción significaba la afiliación a una AFP y sin tener vínculo laboral; información incompleta, parcial y falsa sobre las condiciones del régimen privado, sin las proyecciones matemáticas del monto de la pensión en ambos regímenes [1]; y hasta falsificación de firmas.

Como es de su conocimiento, la legislación vigente contribuye a que las víctimas queden atrapadas en una AFP, después del engaño. Esto, en razón de que el modificado literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, exige que el afiliado deba permanecer, en muchas ocasiones contra su voluntad, por cinco años, antes de poder solicitar el cambio de régimen; y que no puedan devolverse a Colpensiones, sino diez años antes de cumplir la edad pensional. Es decir, mucho antes de que la persona pueda enterarse de que fue engañada, puesto que, como es lógico, no inicia los trámites para pensionarse con tanta antelación.

Lo cierto es que las personas que fueron objeto del engaño sobre el monto de su pensión, en su mayoría están recibiendo o recibirán una pensión que no les permite o permitirá solventarse en su vejez, tal como se evidencia en los testimonios públicos de las víctimas [2] y en el nutrido número de demandas de los afectados ante los estrados judiciales. Ya muchos colombianos se encuentran viviendo esta tragedia en sus múltiples facetas: la noticia de dicho engaño, la negativa de las AFP a reconocer sus reclamos; los consecuentes procesos judiciales, con los altos costos que implican; y la tortura de estos procesos, que toman años y resultan realmente dispendiosos, engorrosos y traumatizantes. En ellos nos encontramos con revocatorias en segunda instancia, que desconocen el deber constitucional de garantizar la protección de los derechos de las víctimas estafadas [3]; quienes además, por tratarse de adultos mayores, se catalogan como población vulnerable. Por lo tanto, consideramos un ejercicio abusivo del poder dominante el de algunos miembros de la rama judicial respecto a esta problemática.

En ese orden, cuando después del largo trascurso de estas demandas, finalmente se obtiene un fallo desfavorable, esto les representa, a la mayoría de las víctimas, el menoscabo de sus bienes, esto es, del capital que con tanto esfuerzo construyeron a lo largo de su vida laboral, para cubrir sus gastos de supervivencia, en la vejez; o el verse abocadas a trabajar hasta el fin de sus días, cual cadena perpetua laboral, si es preciso y, sobre todo, si es posible, pues como es natural, la salud en la vejez se deteriora; y las oportunidades laborales empiezan a cerrarse en esta etapa de la vida. Y, como es apenas obvio, este drama conlleva a un estado de permanente intranquilidad y al consecuente deterioro de su salud.

En este sentido, ponemos en su conocimiento, que los argumentos de algunos jueces y magistrados para fallar en contra de las víctimas, atentan contra su dignidad y constituyen una evidente revictimización. Las responsabilizan por haberse dejado engañar, cuando, desde luego, ellas actuaron de buena fe y confiaron en la información de los expertos de las AFP –avalados por las respectivas oficinas de Desarrollo Humano de sus empleadores, que indebidamente presionaron a los trabajadores para recibir tales asesorías y en algunos casos, para que se afiliaran a un fondo privado–; así como en los pronunciamientos que simultáneamente fueron difundidos a través de los medios de comunicación, con declaraciones de reconocidos especialistas financieros, entre ellos, el propio expresidente de ASOFONDOS, Jorge Humberto Botero [4].

Si el afectado es profesional y cuenta con altas titulaciones, este tipo de jueces y magistrados suponen que dicha formación debía haberlas hecho más suspicaces para adivinar la lógica de los pícaros. En este orden de ideas, la responsabilidad del victimario es atribuida a la víctima, sin considerar que hubo abogados que fueron objeto de este engaño; por lo tanto, con mayor razón lo fueron muchas personas legas.

Lo paradójico es que esa misma formación académica no la tienen en cuenta, al afirmar que cuando la víctima se trasladó al régimen privado, no tenía todavía una proyección pensional afianzada; como si, precisamente, dado su permanente esfuerzo académico, no fuera parte del trayecto natural y lógico de su vida laboral ascender profesionalmente para garantizar el aumento de sus ingresos y de su pensión. En este orden de ideas, se usa contra la víctima un argumento accidental: el tipo de régimen (si era o no de Transición), en el momento del traslado, como si eso negara el hecho de haber sido estafada en el monto de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es el de la Seguridad Social, en este caso, la pensión de vejez.

Asimismo, culpan a la víctima por no haberse dado cuenta del engaño, antes de poder devolverse al régimen de prima media –es decir, diez años antes de cumplir la edad para la pensión– como si los ciudadanos hubieran tenido la oportunidad de estar adecuadamente informados sobre estas condiciones legales, que debieron ser aclaradas en las asesorías; y como si hubieran tenido la oportunidad de haber sido advertidas por los medios de masivos de comunicación (noticieros y prensa), con la difusión que corresponde a un hecho de semejante relevancia, como es el engaño del que fueron objeto. Ninguna de estas dos condiciones se cumplió. Ante la desinformación, el afectado suele darse cuenta cuando ya es demasiado tarde para poder devolverse al régimen público. En consecuencia, la persona engañada queda atrapada en una AFP y luego atada forzosamente por una legislación absurda, por cuanto claramente favorece al sector financiero, en evidente perjuicio de los afectados; y en contravía de los derechos contemplados en la Constitución.

Esta desinformación se relaciona con el hecho de que los dueños de los medios de comunicación, en ocasiones son los mismos propietarios de las AFP, o en todo caso, dependen en gran medida del poderoso sector financiero. También hay quienes se abstienen por miedo a ser amenazados con demandas por calumnia, como ya sucedió.

Por las anteriores razones, estas irregularidades y abusos terminan siendo eficazmente encubiertos ante la opinión pública, que, en buena parte, sigue sin enterarse de esta problemática, o no ha podido escuchar explicaciones autorizadas e imparciales sobre el particular. Como podrá Ud. darse cuenta, creemos que pocas veces en Colombia se ha actuado en contra de los derechos humanos de los adultos mayores, con tanta eficacia, encubrimiento y total cinismo. Y de un manera que perjudica a tantas personas de bien de forma tan impune, en la medida en que la gente honesta y trabajadora –con formación técnica o profesional, con posgrados (maestrías y doctorados)– que ha contribuido al sostenimiento de este país, a lo largo de décadas de vida laboral, termina, no ya siendo premiada, reconocida y apoyada, sino burlada y estafada, por unos grupos financieros que actúan bajo la mirada condescendiente del Estado, que permite y en algunos casos propicia todos estos atropellos.

Consideramos que, de este problema social, son directas y principales responsables las AFP –detrás de las cuales se encuentra el poderoso sector financiero del país– representadas por ASOFONDOS; así como las autoridades del Estado, que, por negligencia, omisión o por sus abiertas actuaciones, se han convertido en nuestros victimarios, en clara y abierta contradicción con los derechos reconocidos en la Constitución Política y de una jurisprudencia que efectivamente los reconoce y desarrolla en sus sentencias. En nuestra opinión, se trata de la peor actuación del sector financiero en Colombia, no sólo por sus dimensiones, por el gran monto económico que está de por medio y por el encubrimiento del que ha sido objeto, sino porque afecta no unos ahorros, ni siquiera el capital invertido en una vivienda –lo que ya de por sí sería sumamente grave– sino algo mucho más importante: el cubrimiento de riesgo de vejez, con el correspondiente monto de pensión.

Por lo tanto, nos dirigimos a Ud., con el fin de que la Defensoría, en ejercicio de sus funciones –orientadas a garantizar, promover, divulgar, defender, amparar y proteger los derechos humanos del Estado Social y Democrático de Derecho, en el que deben primar el respeto y la defensa de la dignidad humana– en consonancia con la Procuraduría, actúen para resolver e investigar ciertos interrogantes que, como víctimas y ciudadanos solidarios con ellas, nos hemos planteado:
  1. ¿Por qué ni el Ministerio de Protección Social, ni la Superintendencia Financiera, se han pronunciado al respecto?

  2. Por lo tanto, ¿por qué no vigilan que se cumpla la legislación que protege al ciudadano de las faltas cometidas por las AFP? Nos referimos al Art. 20 de la Constitución relativo a las garantías del ciudadano que tiene el legítimo derecho de recibir “información clara y veraz”. Y al Art. 78, que ordena que la ley regule “el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”. Mejor dicho, ¿por qué no actúan para hacer cumplir la abundante normativa que existe sobre la protección al consumidor financiero en el Sistema General de Pensiones y su derecho a recibir una información cierta, transparente y oportuna? [5].
  3. ¿Por qué la Fiscalía no investiga a los responsables de este engaño que tiene tan graves consecuencias y afecta los derechos del adulto mayor? Y nos referimos con “responsables” a los directos culpables, quienes premiaron o condescendieron de una u otra forma con este engaño y que se han negado a asumir la responsabilidad de sus organizaciones. Desde luego, no pueden decir que no están enterados.
  4. ¿Por qué la Fiscalía investiga con tanto interés a los integrantes de una red ilegal integrada por empleados de las AFP, Colpensiones y falsos abogados, vinculados con procedimientos ilegales precisamente para devolver del régimen privado al público –sin pasar por las instancias judiciales correspondientes– a reconocidas personalidades del Estado, interesadas en recuperar el derecho a la prima media [6] ; y no investiga también a los causantes del engaño, es decir, a las AFP, que tienen sumida en la desesperación a quienes buscan devolverse al régimen público, por distintos medios?
  5. Y, por cierto, ¿por qué mientras estas reconocidas personalidades intentaron devolverse al régimen de prima media, estos mismos funcionarios, no atendieron el clamor de los colombianos que también fueron engañados? ¿no eran ellos, como víctimas del engaño de las AFP, pero además como funcionarios públicos, y, en especial, por sus cargos, los primeros llamados a defender los derechos de las demás víctimas?
  6. Por otra parte, ¿por qué hubo empresas e instituciones del Estado que en contra de lo prescrito en la Ley 100, ejercieron presiones indebidas sobre los empleados para que se trasladaran del régimen público a las AFP? Dice dicha Ley:
    “La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley” [7].
    Entonces ¿por qué no se han investigado y sancionado a los infractores? ¿y por qué varios de directivos, cuando empezaron a conocerse los primeros testimonios de los trabajadores, concernientes al engaño en el monto de su pensión, no mostraron el mismo interés en avisarles a los demás empleados para que, a partir de dichos testimonios, pudieran revisar si les convenía seguir en el régimen privado o devolverse a tiempo a Colpensiones? En otras palabras, ¿por qué dichas organizaciones, por acción u omisión, actuaron en beneficio de las AFP y en perjuicio de los derechos de sus trabajadores? Por lo tanto, ¿qué nivel de responsabilidad tienen en la tragedia de los empleados que fueron víctimas de este engaño?
  7. Asimismo, ¿por qué en un país donde precisamente el sector empresarial y financiero defiende con ahínco la libertad económica, la actual legislación obliga a los cotizantes a permanecer, primero tres años, y actualmente cinco, en un Fondo de Pensiones? ¿y por qué impide que las personas puedan devolverse al régimen que más les conviene para garantizar una pensión digna, exigiendo una exagerada antelación de mínimo diez años para hacerlo? Es decir, ¿por qué se coarta abusivamente el derecho de libre elección del cotizante? Y en este orden de ideas, ¿por qué de manera clara y abierta, la legislación se acomoda a los intereses del sector financiero, en claro perjuicio de los derechos de los pensionados?
  8. ¿Y por qué las AFP practican, amparadas por decretos hechos a su medida, todo lo contrario a lo establecido en la Constitución (Art. 48)?: No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. Con lo cual, un dinero cuya naturaleza no es mercantil, se destina a otros propósitos, generando riqueza a los banqueros, mientras se arriesgan los ahorros orientados a garantizar los derechos sociales de una población vulnerable: los adultos mayores[8]. Es decir que, además de que se ha visto pauperizado el monto de la pensión de estos adultos mayores, tras este engaño, encima de todo, su dinero es arriesgado en operaciones financieras, y considerablemente disminuido, cuando estas no son exitosas.

  9. Y ¿no es publicidad engañosa ofrecer –en afirmaciones en medio masivo de comunicación y en las asesorías con los expertos de las AFP– el pago de pensiones más altas que las del régimen público, cuando esto resultó falso? [9] Esto, sin que además, se haya advertido a tiempo a los cotizantes del grave perjuicio de dicha información errónea respecto al monto que recibirían con el régimen privado. Porque si las AFP alegan que dieron una información veraz y que no son responsables de cambios posteriores en las condiciones del mercado financiero, que quede claro que sí son absolutamente responsables de no advertir a las víctimas sobre la posibilidad de estas eventualidades. Como también son responsables de no avisarles a tiempo sobre el grave detrimento en el monto de sus pensiones. De tal forma que, claramente, ofrecieron una cosa y están dando otra. Recordemos que el estatuto del consumidor, en ley 1480 de 2011, define la publicidad engañosa como: …aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.
     
  10. Asimismo, también nos gustaría que el Estado investigara si ha habido sistematicidad en los fallos en contra de las víctimas, por parte de algunos jueces y magistrados, restando con ello, imparcialidad a sus decisiones.

  11. Y en este sentido, ¿por qué sin importar los argumentos de un fallo previo favorable, y sin tener en cuenta que la víctima haya ganado en primera instancia, hay Magistrados de las Salas Laborales que fallan en contra de las víctimas, con argumentos como los arriba señalados, a sabiendas de que lo que está de por medio es el monto del derecho a la pensión, es decir, del sostenimiento en la vejez?

  12. ¿Y por qué a través de esta “jurisprudencia” se desconoce la evidente responsabilidad de los victimarios, mientras se falla en contra de los derechos de las víctimas, que obviamente no son culpables de haber sido mal informadas y estafadas? Y en este mismo orden de ideas, ¿no propone el Artículo 83 el principio de presunción de buena fe? Y aquí es importante subrarayar que, quienes actuamos de buena fé fuimos nosotros cuando fuimos engañados.

  13. ¿Por qué los Despachos Judiciales de primera y segunda instancia no siguen los lineamientos trazados por la máxima Corporación de la Justicia ordinaria; esto es, la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que ha reconocido los derechos de las víctimas del engaño de las AFP y el deber de estas últimas de proporcionar información clara y veraz a los cotizantes? Recordemos que en Sentencia del 18 de octubre de 2017, Rad. SL17595, el Magistrado Ponente CASTILLO CADENA, puntualizó:
    “Pues bien, analizado el material persuasivo, no encuentra la Corte que COLFONDOS haya cumplido con el deber de ofrecer una información completa sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad. / Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (ii) el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad; (iii) una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica”.
    En este mismo sentido, se pronunció la magistrada Elsy del Pilar CUELLO CALDERÓN, en Sentencia SL12136 del 3 de septiembre del 2014:
    “En ese orden se clarifica con esta decisión que cuando lo que se discuta sea el traslado de regímenes, que conlleve a la pérdida de la transición al juzgador no solo le corresponde determinar si aquella se respeta por contar con los 15 años de servicio a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1° de abril de 1994, sino que será menester determinar, previamente, por tratarse de un presupuesto de eficacia, si en todo caso aquel estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social, y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales”.
    Y de la misma Magistrada es la Sentencia del 9 de septiembre del 2008, Rad. No. 31314:
    “… la Administradora demandada, admitió una afiliación de una persona en las reseñadas condiciones, sin enterar al interesado de las reales circunstancias pensionales del régimen de ahorro individual y con consecuencias frente a la dejación del de prima media con prestación definida que traía en la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, amén de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993”.
    Asimismo, en Sentencia radicada con el No. 31989 del 9 de septiembre del 2008, el Magistrado ponente LÓPEZ VILLEGAS reconoce los derechos de las víctimas del engaño de las AFP, así como el deber de estas últimas de proporcionar información clara y veraz a los cotizantes. En palabras del Magistrado ponente LÓPEZ VILLEGAS:
    “Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”.
    Así, sucesivamente, encontramos otras sentencias afines. Por ejemplo, sobre la obligación de proporcionar información clara y cierta a los cotizantes, la Corte Constitucional, en Sentencia T 040 de 2013 consagró:
    “Así pues, información veraz significa, en los términos del artículo 20 constitucional, información comprobada según los cánones de la actividad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones. / La veracidad no sólo se desconoce cuándo se presentan hechos falsos o inexactos o no se distingue entre una opinión y los elementos fácticos objetivos en una noticia emitida, sino también resulta desconocido este principio, cuando la información que se emite, a pesar de que concuerda con la realidad, se presenta al lector con un lenguaje y una exposición que lo induce a la confusión o al error”.
    Sobre información suficiente está el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia No. 46692 de 2014; y sobre información oportuna la Sentencia No. 46292 de 2014 [10]:
    “A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito”.

  14. Por lo tanto, ¿no desconocen las Sentencias emitidas en contra de las víctimas lo establecido en el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); y en el artículo XVI de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre?:
    “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”.
    ¿Y no desconocen dichos fallos los derechos contemplados en la legislación colombiana y reconocidos en las Sentencias pronunciadas en las más altas instancias judiciales de nuestro país?

  15. En este orden de ideas, es importante recordar que la Constitución Política de Colombia, en su Art. 48, garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social y ordena que funcione como
    “…un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.”
    Así como en el Art. 13, proclama la defensa de los derechos de la población vulnerable –léase, en este caso, el adulto mayor–. Entonces, ¿por qué el Estado no garantiza el respeto de nuestros derechos?
  16. ¿Y por qué no se hace cumplir el Art. 53 de la Constitución? En la medida en que dicho Artículo constituye un factor esencial de los derechos que las AFP nos vulneran, tras estos engaños; es decir, que los pensionados puedan gozar de una remuneración que garantice un mínimo vital, bajo el principio de la proporcionalidad, es decir, en correspondencia a la cantidad y calidad del trabajo que realizaron. Recientemente la Corte Constitucional en Sentencia T-199 de 2016, se refirió al concepto del Mínimo Vital, en los siguientes términos:
    “(I) Se trata de acceso básico de condiciones dignas de existencia para el desarrollo del individuo, (II) Que dependen de su situación particular (III) Es un concepto indeterminado cuya concreción depende de las circunstancias particulares de cada caso, por lo que require un análisis caso por caso y cualitativo.[11]
  17. Entonces, ¿por qué se falla dejando a los ciudadanos con pensiones que no corresponden a dicho principio de proporcionalidad y que se sabe dejarán a las personas engañadas y estafadas por una AFP en una precaria situación, puesto que como es sabido, el monto que les brindará no corresponde al esfuerzo de su formación académica y desempeño profesional?

  18. Y en este orden de ideas, el proceder de quienes favorecen la omisión de cumplir con los postulados constitucionales ¿no van contra el derecho al debido proceso, contemplado en el Art. 29 de la Constitución Nacional?
  19. Por lo tanto, la posición general del Estado, por acción u omisión ¿no condesciende gravemente con las obligaciones éticas y legales de las AFP? Mejor dicho, ¿no van en contravía de la Ley 333, según la cual el Estado evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional cuando estas atentan contra el principio rector del bien común?
  20. Con lo cual, el silencio, la anuencia y la omisión de las diferentes entidades e instancias del Estado ¿no resultan al servicio de los intereses del sector financiero –de las AFP– mientras lesionan los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos, a pesar de estar claramente reconocidos por una legislación que en teoría los protege? Lo anterior, sin iniciar de forma oficiosa ningún control, pese a las denuncias públicas como las que citamos en el presente escrito.
Como víctimas de las AFP, ante el abandono en el que hasta ahora nos ha dejado el Estado; y como ciudadanos solidarios con las personas que viven esta tragedia, solicitamos el apoyo de la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Procuraduría, en la defensa de los derechos fundamentales y sociales. Para que, con su intervención, las víctimas encuentren VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Y esto, sin necesidad de seguir acudiendo a los costosos, sempiternos, desgastantes, arbitrarios y angustiosos procesos judiciales a los que se están viendo sometidas.

Apoyados en la confianza que ofrece la garantía del orden constitucional, como poder soberano acudimos a la Defensoría para que las autoridades del Estado den respuesta y solución a la presente denuncia. Por lo tanto, solicitamos no continuar eludiendo esta problemática; y en su lugar, investigar y sancionar a los responsables; reconocer las dimensiones sociales y jurídicas que presenta; reparar a las víctimas y obrar en justicia. Requerimos del apoyo de ustedes, con el fin de que cesen los abusos por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y para evitar que esta situación continúe en total impunidad. Lo anterior, con el propósito de que no quede ningún colombiano que haya sido víctima de este trágico engaño, sin ver restituidos plenamente sus derechos.

Los firmantes de la respetuosa petición y denuncia somos víctimas de las Administradoras de Fondos Privados, así como ciudadanos que se solidarizan con la defensa de los derechos de los afectados.

Víctimas de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones
Campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno conlaspensionesno@gmail.com

Firmo la carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, con copia a la Procuraduría, redactada el 18 de agosto del 2018, para denunciar la situación de las víctimas de las AFP, por cuanto estas últimas, de forma irregular y con información insuficiente o falsa, engañaron a ciudadanos para obtener su traslado del régimen público al privado. Esto, con el fin de que las autoridades competentes investiguen a los responsables de esta problemática; y restablezcan los derechos de los afectados.

Nombre completo
Cédula de ciudadanía
Firma  

Notas de pie


[1] Sin la fórmula dispuesta en la Ley 797 de 2003.
[2] Ver, por ejemplo, Libardo Sarmiento Anzola, “Pensiones:¡la gran estafa!”, Corporación Nuevo Arcoiris, 20 de febrero del 2013: https://www.alainet.org/es/active/61743, José Roberto Acosta, “Pensionarse en un Fondo Privado de Pensiones es prácticamente imposible”, en La OCDE vs el derecho a la pensión: https://www.youtube.com/watch?v=QlXxihRo2Xw
María Alicia Cabrera, “Los fondos privados de pensiones: un sofisma”, en La OCDE vs el derecho a la pensión: https://www.youtube.com/watch?v=V_I79Er6_D8
María del Rosario Vázquez Piñeros, “Falsos Positivos”, El Magazín de El Espectador, 30 de junio del 2016; “La estafa de los Fondos Privados de Pensión”, El Espectador, 28 de febrero del 2017; Carta abierta de María del Rosario Vázquez a la solicitud de retractación por parte del presidente de Asofondos, Santiago Montenegro en Las2Orillas. De la misma autora: ponencia en el Foro: “Las Víctimas de los Fondos Privados de Pensiones en Colombia: el país de El Coronel no tiene quien le escriba”, Foro Abierto. Vamos por los Derechos de los Pensionados en Colombia, 4 de mayo del 2017; Ponencia ante la Comisión Séptima de la Cámara, “Las Víctimas de las Administradoras de Fondos Privados de Pensión: a la espera de Verdad, Justicia y Reparación”, 9 de mayo del 2018.
Los siguientes testimonios escritos:
https://www.las2orillas.co/fondos-privados-pension-traves-del-engano-afiliaron-las-personas/
https://www.las2orillas.co/mas-la-estafa-los-fondos-privados-pension/ https://www.las2orillas.co/otra-afectada-los-fondos-privados-pension/ https://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctimas-de-los-fondos-privados-en-colombia/nos-hallegado-el-testimonio-de-una-victima-de-los-fondos-privados-la-cual-quere/2030354270519377/.
Facebook Víctimas de los Fondos Privados en Colombia: https://www.facebook.com/V%C3%ADctimas-de-los-Fondos-Privados-en-Colombia1888055514749254/
Testimonios en la W Radio y en videos de la Campaña Con las Pensiones No y Salario mínimo digno:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9TPbMSIuxRVsO5UwRfRfSEQA03MGxIOa
William Gil, La verdad sobre el fraude de los fondos de pensión, 18 de julio del 2018: https://www.youtube.com/watch?v=cg_wX14nU10&t=96s
Anhy González, “Multimillonario negocio: administran fondos privados y cotizan en Colpensiones: https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-encolpensiones/
Otros testimonios enviados a Las2Orillas
https://www.las2orillas.co/fondos-privados-pension-traves-del-engano-afiliaron-las-personas/
https://www.las2orillas.co/mas-la-estafa-los-fondos-privados-pension/ https://www.las2orillas.co/otraafectada-los-fondos-privados-pension/ https://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctimas-de-losfondos-privados-en-colombia/nos-ha-llegado-el-testimonio-de-una-victima-de-los-fondos-privados-lacual-quere/2
Anhy González, “Nota ciudadana: Al nuevo presidente le pido que no comercialice los derechos fundamentales”, en: https://www.las2orillas.co/al-nuevo-presidente-le-pido-que-no-comercialice-los-derechosfundamentales/
 
[3] Denunciamos esta estafa por la irregularidad en las afiliaciones y por la información incompleta y falsa en cuanto al monto de pensiones que ofreció públicamente ASOFONDOS, así como las distintas AFP en las asesorías que le dieron a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta, además, que dichas proyecciones engañosas en cuanto al monto de la pensión no fueron desmentidas para advertir a las víctimas. Por eso, ellas no pudieron retornar a tiempo al régimen público. Dice Bolívar Acuña:
“Este delito es común en nuestra sociedad y generalmente se ocupan de él los llamados delincuentes de cuello blanco, que valiéndose precisamente de su posición y de sus influencias políticas, mediante engaño obtienen provecho ilícito cercenando el patrimonio económico de víctimas inocentes que resultan afectadas precisamente por la conducta de estos delincuentes que como se dijo pululan en nuestra sociedad”. 
Cfr. Miguel Bolívar Acuña, “El delito de estafa”, El Heraldo, 2014: https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/el-delito-de-estafa-139070. La cursiva es nuestra.
[4]  “Fondos de pensiones acusan al ISS de competencia desleal”, El Tiempo, 16 de abril de 1994. Dijo el entonces presidente de ASOFONDOS, señor Jorge Humberto Botero, que: “En su concepto, con ese tipo de rentabilidad los fondos podrán pagar pensiones superiores al 85 por ciento del salario, que es el máximo que se puede obtener en el ISS”: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362.

[5] Sergio Josué Torres Escudero, “Deber de información y asesoría pensional a los afiliados en el sistema general de pensiones Colombia año 2016”, en Revista CES Derecho Volumen 7 No.2 JulioDiciembre / 2016.

[6]  Cfr. “Ministra de Trabajo entre las víctimas de estafadores de pensiones, dice Fiscalía”, El Espectador, 22 de marzo del 2018.
 
[7] Ley 100, Libro I, Sistema General de Pensiones, Disposiciones Generales, Capítulo I, Objeto y características del Sistema General de Pensiones, Art. 13, b.

[8] José Roberto Acosta, “¿Negocios del grupo Aval con las pensiones?”, El Espectador, 17 de agosto del 2018.

[9] Francisco Barnier González, “Pensiones: promesa incumplida”, en Portafolio, 17 de agosto del 2018: http://www.portafolio.co/opinion/francisco-barnier-gonzalez/pensiones-promesa-incumplida520163

[10] Sergio Josué Torres Escudero, “Deber de información y asesoría pensional a los afiliados en el sistema general de pensiones Colombia año 2016”, en Revista CES Derecho Volumen 7 No.2 JulioDiciembre / 2016.  

[11] Sergio Josué Torres Escudero, “Deber de información y asesoría pensional a los afiliados en el sistema general de pensiones Colombia año 2016”, en Revista CES Derecho Volumen 7 No.2 JulioDiciembre / 2016.


















2018/12/12

Hacia fondos pensionales de y para los trabajadores

Comisión de trabajadores ecuatorianos discute sobre seguridad social. Fotografía: Hugo Ortiz / Asamblea Nacional
A los grupos sindicales, asociaciones profesionales, grupos cívicos y partidos políticos de Colombia, este diagnóstico y propuesta:
  • No confundan a los fondos de pensiones con las administradoras de los fondos de pensiones.  Los FONDOS son patrimonio colectivo y propiedad de sus cotizantes, las sociedades ADMINISTRADORAS son empresas aparte, al servicio de sus propios dueños, que son Sarmiento Angulo y el GEA etc. 
  • No que hay que combatir a los FONDOS sino a las sociedades ADMINISTRADORAS, por su abuso e ineficiencia.
  • Hay que tomarse en serio el que los FONDOS son patrimonio y propiedad de sus cotizantes: la inversión de los fondos debe procurar la prosperidad sostenible de los cotizantes, por sobre cualquier otra meta (sea por ejemplo la prosperidad de los intermediarios financieros: si prosperan los intermediarios, magnífico, pero si no, no importa).
  • Alrededor del mundo, las organizaciones serias (empresa privada, fundaciones sin ánimo de lucro, agencias del gobierno) tienen consejos o juntas (de administración o directivas, llámenlas como quieran). Esa junta gobierna a la organización, estableciendo objetivos y estrategias, eligiendo, supervisando y despidiendo a sus directores ejecutivos si es preciso. En las empresas comerciales esa junta directiva debe trabajar para que la organización procure los objetivos de sus accionistas.  
  • En Colombia hemos tolerado la aberración de que los FONDOS de pensiones, como organizaciones, no tengan juntas directivas que hagan cumplir los intereses de los cotizantes, dueños legítimos de la organización. En cambio, hemos dejado que los FONDOS sean dirigidos por entes externas, las sociedades ADMINISTRADORAS, que por supuesto tienen como prioridad las ganancias de Sarmiento Angulo, el GEA, Grupo Colpatria etc (verdaderos dueños de las administradoras).
  • Las sociedades administradoras sí tienen juntas directivas, muy funcionales a los objetivos de sus dueños. Como contentillo y apariencia, la ley dice que en esas juntas directivas deben tener asiento dos representantes de los cotizantes. Pero no seamos ingenuos:
  • Si no hay cuerpo orgánico que defienda los intereses de los cotizantes, ¿nos debe sorprender que el sistema pensional le funcione muy bien a los dueños de las administradoras y mal a los cotizantes, y que las reformas pensionales traerán sacrificio a los cotizantes y prosperidad a Sarmiento Angulo y su combo? No es teoría de la conspiración, sino simple lógica organizacional: en la mesa de las decisiones, deciden los intereses representados. Y como a los cotizantes nadie los representa, les irá muy mal
  • Ya este diagnóstico apunta a una solución: en la reforma pensional hay que hacer que los fondos tengan sus propias juntas, independientes de las administradoras.
  • Los fondos no deben estar atados a una administradora: la junta debe poder elegir qué administradora va a encargarse de las tareas, y si lo decide, puede decidir conformar una administradora propia, que no sea propiedad de otros y por tanto no tenga conflictos de interés.    
  • Las juntas deben estar integradas por buenos representantes de los intereses de los cotizantes. Recomiendo entusiásticamente unos materiales   educativos de la federación holandesa de fondos pensionales, https://www.pensioenfederatie.nl/website/engelse-website/publications-in-english/publications-in-english
  Quizás más importante, esta propuesta abre las puertas a otras posibilidades. Ya el problema no es de consumidores que quieren un mejor producto, sino de dueños de capital que quieren dirigir su inversión -- capital de un tamaño tan grande que los hace dueños reales de gran parte de las economías nacionales. En un segundo artículo del blog vamos a hablar de esto. 

2018/05/29

La traición de Fajardo a la lucha contra el abuso pensional.

Sergio Fajardo traicionó a aquellos que hemos estado preocupados por el abuso pensional.

No lo digo por haber él declarado en esa entrevista, a principios de Diciembre, que había que elevar la edad de pensión.


Entendámonos: personalmente no descarto que haya que discutir elevar la edad de jubilación, pero no es honesto que a los cotizantes se les obligue al sacrificio mientras que a las AFP no se les obligue a nada. Cuando hayamos definido qué sacrificios han de hacer las AFP, entonces ahí sí, si es necesario, hemos de discutir elevar la edad de pensión.

El asunto era más técnico: ¿cómo era posible que un PhD en matemáticas, que hizo tesis doctoral en probabilidad, no entendiera que la expectativa de vida al nacer no era relevante, como sí lo era la expectativa habiendo ya alcanzado edad de jubilación?  (http://pensionessinilusiones.blogspot.com/2017/12/esperanza-de-vida-al-nacer-vs-esperanza.html ).

Que las AFP usen ese argumento sesgado y engañoso no me sorprende.  SIn embargo, Fajardo volvió a insistir en esa falsedad técnica en ese famoso video que hizo para desembarrarla. Nótese cómo en el 1:43 define la esperanza de vida y la describe como siendo hoy de 74,5 años: esa es esperanza de vida al nacer, no esperanza de vida a los 60.



¿Se confundió el profesor o nos quiso confundir?

En este mismo video al profesor se le notaba nervioso, particularmente cuando hizo mención de algo importante: el que era necesario evaluar el desempeño de la administración de fondos, a la luz de lo que millones de personas en las calles de Chile estaban denunciando. 



En el mismo sentido se manifestó en unos encuentros que tuvo con grupos sindicales:

[Fajardo] señaló que el modelo de los fondos privados de pensiones que funciona en Colombia está inspirado en el que se instituyó en Chile, país donde este modelo está en revisión después de 30 años, por los problemas que se han revelado. “Nosotros tenemos que revisar también nuestro modelo, el tema de los recursos, qué porcentajes quedan en manos de los privados y de la nación, etc.”, dijo el candidato presidencial por la Coalición Colombia. (http://ail.ens.org.co/informe-especial/la-ens-fajardo-candidatos-coalicion-colombia-hablaron-la-reforma-pensional-propuesta-pilares/)
Creo haber leído lo mismo en unas versiones tempranas de la plataforma de la coalición. A estas alturas, Sergio Fajardo sabía que había abuso.

Y sin embargo, en cuestión de meses, ya dejó de pedir que se evaluara el modelo, en versiones como esta de https://polodemocratico.net/pdf/PROGRAMA_CoCo.pdf


Nuestra propuesta pensional tendrá como objetivo incrementar el número de pensionados y la cobertura del sistema, velando por su sostenibilidad y progresividad. Trabajaremos por un sistema basado en la solidaridad intergeneracional para los primeros niveles de ingreso y en la posibilidad de afiliación a fondos privados para los demás niveles. También propondremos una mayor carga impositiva que corrija la regresividad en las pensiones más elevadas y altamente subsidiadas. Apoyamos un menor porcentaje de cotización en salud para las pensiones de bajos ingresos. 

Pero aún le faltaba suavizarse más: al final quedó una versión tan anodina (de http://sergiofajardo.co/2018/04/pensiones/) , donde se perdió incluso la última frase, la de rebajar porcentaje de cotización en salud. 

Propuestas 

  • Una gran injusticia de Colombia es que sólo dos de cada diez adultos mayores tiene pensión. Debemos avanzar en 3 frentes:
    • Aumentar cobertura
    • Garantizar equidad
    • Reducir la informalidad laboral 
  • Vamos a eliminar los subsidios a las pensiones más altas eliminando la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Crearemos un pilar básico en Colpensiones que garantice una pensión a todos y daremos la posibilidad de ahorrar en los fondos privados a las personas con ingresos mayores a este tope. 
  • Expandiremos y aumentaremos Colombia Mayor para los adultos mayores pobres y vulnerables sin pensión. 
  • Impulso a la formalización. Vamos a facilitar las cotizaciones de jornaleros en zonas rurales y la formalización de los trabajadores para que más personas tengan pensión. 
  • No vamos a incrementar la edad de jubilación.
 Ya este programa parece escrito por Asofondos, igual al de Iván Duque.

--------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué pudo haber pasado? Ojalá que alguien nos cuente. Una hipótesis es que cierta gente del sindicato antioqueño que ha sido cercana a Fajardo, como David Bojanini, presionaron, específicamente volviéndose bisagra articuladora entre la campaña y el resto del Sindicato Antioqueño.


El CEO del Grupo Sura, David Bojanini ha tratado de mantener la calma y sostener el nombre de Fajardo, pero quizá se esté enfrentando al debate político mas álgido que le toque enfrentar por cuenta de la división existente. (https://360radio.com.co/fajardo-habria-perdido-una-faccion-del-gea/)

Qué casualidad que David Bojanini, el representante del grupo económico que sería más afectado por planteamientos políticos de fondo, resulte ser el único amigo del GEA que le quede al candidato.

Y así, entonces, se traicionó a personas que en la coalición habían dado la pelea contra el abuso de las administradoras de pensiones (como Jorge Robledo y Jose Roberto Acosta), y al traicionarlos a ellos se nos traicionó a todos.

No lloremos por Sergio Fajardo, no se lo merece.