Presentación

2020/04/23

Datos: rentabilidad de las administradoras pensionales versus rentabilidad de los fondos mismos

En este blog y en twitter insistimos en que administradoras de los fondos y otra muy distinta son los fondos mismos, y que entender la diferencia de intereses entre esos dos entes es fundamental para comprender los problemas del sistema de ahorro individual pensional colombiano y posibles alternativas.

Aquí, una gráfica actualizada de las rentabilidades para los accionistas de las AFP (Sarmiento Angulo, GEA etc) y de las rentabilidades de los fondos mismos (las alcancías propiedad de los cotizantes). 



Para hacer la gráfica, copié datos de unas tablas que aparecen mensualmente en el informe de Actualidad Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.  Aquí va un ejemplo de tabla, la del informe de Febrero de 2020 (el último publicado a día de hoy, 22 de Abril de 2020). 


A esos porcentajes ( 14.3%, -4.3%, -4.6%, -1.5%, -3.6%) se les asigna la fecha de corte al último día de mes (en este caso febrero 29 de 2020) y entran a la lista de datos. 


La columna "TodosLosFondos" no fue usada en el gráfico. 

Aquí van los datos crudos, si alguien quiere reproduir el gráfico o cruzar con otros datos. 


FechaDeCorte SociedadesAFP TodosLosFondos FondosObligatorios FondosVoluntarios FondosDeCesantías
2011-01-31 14.2% -18.1% -18.4%  -13.8%
2011-02-28 14.2% -8.8% -9.0%  -5.4%
2011-03-31 15.5% -3.0% -2.7% -5.3% -3.2%
2011-04-30 16.5% -1.4% -1.1% -3.8% -1.9%
2011-05-31 18.5% 2.8% 3.4% -1.7% 0.4%
2011-06-30 17.8% 1.2% 1.7% -3.0% 0.5%
2011-07-31 17.3% 0.5% 0.8% -2.6% -0.6%
2011-08-31 15.7% 0.5% 0.9% -3.3% -1.0%
2011-09-30 15.4% -2.8% -2.5% -4.7% -3.8%
2011-10-31 15.7% 0.3% 0.7% -2.4% -1.2%
2011-11-30 15.1% -1.1% -0.8% -2.8% -2.6%
2011-12-31 14.9% -0.3% 0.0% -2.3% -2.4%
2012-01-31 21.9% 26.1% 25.9% 25.2% 29.7%
2012-02-28 24.4% 26.5% 27.1% 26.5% 19.2%
2012-03-31 25.4% 20.0% 20.3% 19.7% 15.5%
2012-04-30 25.2% 20.4% 20.8% 18.7% 15.5%
2012-05-31 21.8% 12.6% 12.9% 11.8% 10.5%
2012-06-30 19.7% 11.2% 11.6% 8.5% 9.1%
2012-07-31 20.0% 9.5% 9.8% 7.5% 7.3%
2012-08-31 19.4% 11.1% 11.4% 8.4% 9.4%
2012-09-30 19.2% 11.8% 12.3% 8.3% 10.0%
2012-10-31 19.8% 14.1% 14.6% 9.4% 11.9%
2012-11-30 19.2% 12.4% 12.9% 8.1% 10.4%
2012-12-31 18.2% 12.8% 13.3% 8.3% 11.1%
2013-01-31 35.9% 31.7% 33.3% 19.1% 23.4%
2013-02-28 30.2% 16.6% 17.6% 10.1% 10.5%
2013-03-31 25.1% 9.0% 9.7% 5.0% 4.9%
2013-04-30 20.1% 4.7% 5.1% 1.9% 2.3%
2013-05-31 16.3% -0.1% 0.1% -1.8% -0.2%
2013-06-30 12.4% -6.9% -7.1% -6.0% -5.2%
2013-07-31 13.4% -3.8% -3.9% -3.8% -3.2%
2013-08-31 13.4% -2.4% -2.4% -2.9% -2.0%
2013-09-30 14.1% 0.0% 0.1% -1.3% -0.3%
2013-10-31 14.7% -1.5% 1.7% -0.2% 0.8%
2013-11-30 13.6% -0.6% -0.5% -1.8% -1.3%
2013-12-31 14.1% -0.4% -0.3% -1.9% -1.5%
2014-01-31 -2.4% -28.6% -29.6% -19.3% -25.7%
2014-02-28 11.2% -4.7% -4.8% -3.6% -4.5%
2014-03-31 25.3% 12.8% 13.7% 8.0% 5.8%
2014-04-30 25.2% 12.4% 13.3% 6.2% 6.1%
2014-05-31 23.7% 10.7% 11.5% 5.1% 5.2%
2014-06-30 23.4% 10.5% 11.3% 5.2% 5.7%
2014-07-31 22.3% 9.3% 10.0% 4.1% 5.2%
2014-08-31 23.2% 11.7% 12.5% 5.8% 7.1%
2014-09-30 21.2% 8.5% 9.1% 3.8% 5.1%
2014-10-31 21.1% 8.8% 9.4% 3.6% 5.4%
2014-11-30 20.7% 8.6% 9.2% 3.2% 5.2%
2014-12-31 20.2% 8.9% 9.5% 3.2% 5.8%
2015-01-31 19.5% -1.7% -1.3% -4.5% -5.7%
2015-02-28 26.1% 8.0% 8.8% 2.7% 3.1%
2015-03-31 26.8% 4.8% 5.3% 0.7% 2.1%
2015-04-30 27.0% 6.5% 7.0% 2.9% 3.4%
2015-05-31 25.7% 4.7% 5.2% 1.8% 1.8%
2015-06-30 23.8% 3.5% 3.8% 1.5% 1.4%
2015-07-31 25.4% 7.5% 8.0% 3.8% 3.7%
2015-08-31 22.0% 3.8% 4.1% 1.9% 1.1%
2015-09-30 20.6% 1.4% 1.6% 0.3% -0.5%
2015-10-31 21.1% 3.7% 4.0% 1.4% 1.2%
2015-11-30 20.5% 3.2% 3.5% 0.7% 0.5%
2015-12-31 19.3% 3.2% 3.5% 0.8% 0.6%
2016-01-31 15.8% -6.7% -7.1% -0.9% -8.9%
2016-02-28 19.7% -0.2% -0.3% 3.5% -2.4%
2016-03-31 29.6% 9.6% 9.8% 9.6% 6.1%
2016-04-30 27.5% 7.5% 7.6% 8.1% 5.7%
2016-05-31 27.6% 9.7% 10.0% 7.7% 6.6%
2016-06-30 25.1% 7.5% 7.6% 7.3% 5.7%
2016-07-31 24.7% 10.6% 10.9% 7.9% 7.5%
2016-08-31 24.5% 10.1% 10.3% 8.1% 7.9%
2016-09-30 23.3% 9.0% 9.2% 7.4% 7.1%
2016-10-31 22.7% 9.8% 10.1% 7.5% 7.7%
2016-11-30 21.7% 8.2% 8.4% 6.8% 6.4%
2016-12-31 21.2% 8.6% 8.8% 7.0% 7.2%
2017-01-31 15.8% -6.7% -7.1% -0.9% -8.9%
2017-02-28 25.7% 10.2% 10.8% 6.5% 6.3%
2017-03-31 30.1% 12.4% 13.0% 8.1% 8.1%
2017-04-30 31.0% 14.9% 15.7% 8.8% 9.9%
2017-05-31 31.5% 16.6% 17.5% 9.5% 11.3%
2017-06-30 29.8% 16.1% 16.9% 9.3% 11.3%
2017-07-31 28.0% 14.5% 15.2% 8.3% 10.4%
2017-08-31 25.9% 13.0% 13.6% 7.6% 9.6%
2017-09-30 25.0% 12.7% 13.3% 7.4% 9.5%
2017-10-31 24.1% 12.5% 13.0% 7.1% 9.2%
2017-11-30 23.1% 12.0% 12.5% 7.0% 9.4%
2017-12-31 22.8% 11.9% 12.4% 6.9% 9.3%
2018-01-31 26.6% 10.4% 10.5% 10.0% 8.1%
2018-02-28 16.7% -5.4% -5.8% 0.1% -4.5%
2018-03-31 15.2% -7.5% -8.1% -1.2% -6.4%
2018-04-30 19.4% 0.6% 0.4% 3.8% -0.3%
2018-05-31 19.0% 0.9% 0.7% 3.6% 0.6%
2018-06-30 18.5% 2.0% 1.9% 3.9% 1.9%
2018-07-31 18.4% 1.7% 1.6% 3.3% 1.5%
2018-08-31 18.8% 3.3% 3.3% 4.2% 3.5%
2018-09-30 17.5% 2.0% 1.9% 3.4% 1.8%
2018-10-31 15.8% -0.4% -0.5% 2.0% -0.2%
2018-11-30 16.5% 1.2% 1.2% 2.3% 0.9%
2018-12-31 15.4% 0.2% 0.2% 1.3% -1.2%
2019-01-31 38.8% 31.7% 32.5% 20.0% 33.6%
2019-02-28 33.5% 20.8% 21.6% 14.4% 15.6%
2019-03-31 39.4% 23.2% 24.3% 14.3% 17.6%
2019-04-30 37.6% 21.8% 22.8% 12.5% 17.0%
2019-05-31 31.5% 15.7% 16.4% 9.0% 12.5%
2019-06-30 31.6% 16.9% 17.6% 9.6% 13.0%
2019-07-31 30.7% 17.2% 18.0% 9.5% 13.7%
2019-08-31 28.6% 15.8% 16.5% 8.8% 13.2%
2019-09-30 27.7% 15.9% 16.6% 8.7% 13.5%
2019-10-31 26.6% 15.1% 15.7% 8.1% 12.7%
2019-11-30 24.8% 14.1% 14.7% 7.4% 12.4%
2019-12-31 24.0% 13.5% 14.1% 7.2% 11.5%
2020-01-31 24.9% 10.7% 10.8% 6.9% 14.9%
2020-02-29 14.3% -4.3% -4.6% -1.5% -3.6%


Por si quieren ver las tablas originales, aquí las compilé todas en un único PDF, incompleto por ahora. 





2019/06/03

Denuncia contra la estafa de las administradoras de fondos de pensiones

Nueva carta de la profesora María del Rosario Vázquez Piñeros, PhD, denunciando el abuso de las administradoras de fondos de pensiones.


Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia
L.C.

 Apreciado Dr. Carrillo:

Respetuosamente me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento que en carta dirigida al Dr. CARLOS ALFONSO NEGRET, Defensor del Pueblo, con copia a la Procuraduría (Radicado en la Procuraduría No. E-2018-538859 del 1 de noviembre del 2018), expliqué las irregularidades que giran alrededor de las afiliaciones a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, que han tenido entre sus más graves consecuencias:

a) que jóvenes universitarios queden pre-afiliados a las mismas, sin que se les haya brindado la información veraz y debida sobre dicha vinculación, con la posterior obligación legal de cotizar durante cinco años en dichas AFP, una vez inician su vida laboral;
b) y que adultos mayores, tras estos engaños, hayan dejado el régimen público para trasladarse al privado, donde reciben y recibirán pensiones muy inferiores a las que habrían tenido en COLPENSIONES.

Advertí, en la primera carta, que en los estrados judiciales hay múltiples ejemplos de fallos contrarios a las víctimas, con el argumento injusto y falaz de responsabilizarlas por haber sido asaltadas en su buena fe, por estos pícaros. Como señalé en la anterior carta, entre las víctimas estuvo la anterior Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, el Exjefe jurídico de la Casa de Nariño y el Exdirector del Presupuesto Nacional, así como altos funcionarios de la Fiscalía y la rama judicial. Incluso jueces de las Salas Laborales han tenido que solicitar para ellos mismos la anulación de la afiliación, porque seguramente no sólo fueron engañados, sino que además, ¡no se devolvieron a tiempo a COLPENSIONES!. Esta situación ha llevado al punto de que, por ejemplo, los Honorables Jueces 2 y 30 Laborales del Circuito de Bogotá, se han declarado impedidos para conocer demandas de nulidad de la afiliación a las Administradoras de Fondos Privados, con el consecuente retorno a COLPENSIONES (1). Además, ha llevado a altos funcionarios –entre ellos, los arriba mencionados– a caer, al igual que otros colombianos, en manos de una red de estafadores, con el fin de poder recuperar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Lo anterior constituye una demostración irrefutable de que no fue por irresponsabilidad de las víctimas de las AFP –como expresan algunos juristas y honorables jueces en sus fallos– lo que ocasionó la pérdida del derecho a la Prima Media de Colpensiones. Por el contrario, lo que hay detrás de esta problemática, es una masacre pensional, en contra los adultos mayores del país, perpetrada por el sector financiero, que ha contado hasta la fecha con la indiferencia de las autoridades públicas y la permisividad de algunos miembros del Estado.

En esta segunda carta, me permito añadir información que se encuentra en una tesis de Especialización de una reconocida institución universitaria ("Implementación de control interno en la falsificación de firmas de las afiliaciones de una AFP",  https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/14645), la cual suscita una serie de cuestionamientos que también manifiesto en este escrito. Según esta investigación, en una sola AFP y en un solo año, el 2015, se presentaron 27.850 quejas por afiliaciones fraudulentas como resultado de falsificación de firma. Considero de la mayor importancia que las autoridades competentes revisen y corroboren la información presentada en dicha tesis. Y que puedan constatar cuántas falsificaciones de firmas para afiliaciones se han presentado en todas las AFP, no sólo en el año 2015, sino en los 26 años transcurridos desde que estas aparecieron tras la emisión de la Ley 100 de 1993, con el fin de que las autoridades procedan como corresponde para este tipo de faltas.

Asimismo, reitero mi respetuosa solicitud para que el Estado indague cuántas afiliaciones irregulares ha habido a dichas AFP, no sólo por falsificación de firmas, sino a través de los otros tipos de argucias como las que ya anoté en mi anterior escrito (Radicado en la Procuraduría No. E-2018538859, del 1 de noviembre del 2018): tarjetas promocionales, presiones por parte de los empleadores, afiliación por parte del empleador sin el consentimiento del empleado, información falsa e insuficiente, etc.

En este orden de ideas, me permito informar acerca de algunos ejemplos concretos que he tenido la oportunidad de escuchar personalmente.

La directora de la oficina de Gestión Humana de una empresa radicada en Bogotá, señora que fue víctima de la estafa de una AFP y a quien la justicia colombiana le ha negado en segunda instancia devolverse a Colpensiones, me narró cómo un directivo estableció como política de dicha empresa que todos los empleados debían trasladarse a una AFP, en esa época a cargo de Colpatria. Y que cuando ella le solicitó que no se presionaran dichos traslados, él respondió que requería de la colaboración de los trabajadores, trasladándose masivamente al régimen privado, porque la empresa estaba urgida de unos préstamos que recibiría a cambio de dichas afiliaciones. Además, la AFP garantizaba unas pensiones mejores que las del régimen público. La persona me dice que no quiere hacer quedar mal a la empresa, por varias razones: la primera, que dicho jefe ya no labora en la institución; la segunda, que su actual jefe ha demostrado la mayor generosidad y solidaridad con ella, garantizándole que le dará empleo aun cuando le llegue la edad para jubilarse porque es consciente de que a ella no le alcanzaría el monto correspondiente a un salario mínimo que recibirá como pensión, tras su afiliación irregular a la AFP. Y quiero añadir que muchas personas se encuentran en la misma situación: la de temer involucrar a sus patronos por temor a perder su empleo al llegar la edad pensional, dado que con la pensión que recibirán, requerirán seguir trabajando de por vida, es decir, en su vejez, edad en la que las puertas laborales se cierran.

Otro ejemplo, éste relativo al engaño a jóvenes universitarios, ocurrió en el segundo semestre del 2018, en la Universidad donde yo trabajo, donde fui informada por los alumnos de que otra vez había funcionarios de Porvenir ofreciendo bonos promocionales a los estudiantes. Hubo quienes cayeron en la trampa, sin ser advertidos de que habían sido preafiliados a dicha AFP. Un alumno, le recriminó a una funcionaria de Porvenir, pidiéndole que por lo menos fuera sincera y les dijera a los estudiantes que los estaban preafiliando a dicha AFP para que cotizaran pensiones y cesantías una vez comenzaran su vida laboral; pero la asesora tuvo el descaro de negarlo rotundamente, asegurando que sólo se trataba de inscripciones para otorgar dichos bonos promocionales. 

Otro caso: una empleada de servicios generales de la institución donde trabajo, me relató cómo estando afiliada al régimen público, ingresó a una empresa y sin su consentimiento, apareció afiliada a una AFP. Cuando se dio cuenta y pidió ser devuelta a Colpensiones, le dijeron que debía permanecer en la AFP, por cinco años. Me aseguró que lo mismo le había ocurrido a su esposo.

Asimismo, una amiga mía, también víctima de una AFP, me relató que su cuñado, profesor de un colegio, entró en una terrible depresión e intentó suicidarse como consecuencia del engaño del que fue objeto en cuanto al monto de su pensión.

Asimismo, un insigne profesor de una de las más prestigiosas universidades del país, me hizo saber que no estaba en condiciones de dar su testimonio para una investigación académica sobre el tema, puesto que, como resultado de este engaño, no sólo está perdiendo todos sus bienes, sino que la angustia lo ha llevado a sufrir cuatro infartos y acaba de pasar por una isquemia cerebral. Además, dice que no aparecería en los medios de comunicación, como consecuencia del dolor que le produjo la dureza y falta de tacto con que la W entrevistó a una víctima de las AFP, la Dra. Ita Restrepo, cuyo testimonio se encuentra en youtube, y cité en mi anterior carta.

Espero que estos ejemplos sirvan a las autoridades competentes para orientar las indagaciones sobre la presente queja. Y aclaro que no se trata de casos aislados, como pretende hacer creer Asofondos. Conozco muchos más, en diferentes partes del país. Se trata de políticas irregulares, ilegales y sistemáticas de afiliación a las AFP, cuyas víctimas fueron y siguen siendo los asalariados y adultos mayores de Colombia.

Por otra parte, me permito amablemente solicitar que se investigue cuánto dinero ha perdido el régimen público de COLPENSIONES, como resultado de estas afiliaciones irregulares a las AFP, a lo largo de los años transcurridos desde la entrada en funcionamiento de los fondos privados; cuánto hemos tenido que pagar los colombianos para sostener el desangre del régimen público de COLPENSIONES como resultado de este tipo de afiliaciones irregulares, ilegales y engañosas; y cuánto dinero le ha costado al fisco atender las quejas en los organismos de control (como, por ejemplo, en las Superintendencias); así como en los juzgados laborales, para resolver las demandas de los cotizantes contra dichas entidades privadas para anular esas vinculaciones. Porque, claramente, todo esto lo hemos tenido que pagar los ciudadanos colombianos con nuestros impuestos a través del fisco.

Y desde luego, considero necesario establecer cuántas son las víctimas afectadas por estas irregularidades: cuántos los jóvenes que han sido y siguen siendo pre-afiliadas con engaños; cuántos los adultos mayores estafados en el monto de su pensión de vejez. Y de estos, cuántos pudieron retornar a COLPENSIONES; y a cuántos, la justicia colombiana les negó este derecho. Y cuántos, sencillamente, por falta de recursos, no han podido demandar para obtener la anulación de estas fraudulentas vinculaciones. Y cuáles han sido las consecuencias económicas, sociales, emocionales, psicológicas y de salud que sufren las víctimas de las AFP, cuando se dan cuenta del monto irrisorio de su pensión, después de haber sido engañados y luego de haber trabajado toda una vida. Asimismo, es importante establecer cuántos jueces de las salas laborales del país tuvieron que solicitar demanda de nulidad por la afiliación a una AFP; y cuántos magistrados, si los hubo.

Por otra parte, se requiere averiguar quiénes son los asesores que aparecen vinculados a quejas o demandas para anulación de vinculaciones irregulares, pues una queja podría denotar un caso aislado; pero un mismo asesor del que sus clientes se hayan quejado por falsificaciones, información falsa e incompleta, etc., no debería pasar desapercibido, ni para las AFP que los emplearon y premiaron por las afiliaciones que consiguieron; ni frente a los organismos de control y la justicia colombiana. E igualmente, es indispensable verificar si los directivos de las AFP, al detectar estas conductas ilegales, las sancionaron y las reportaron a las autoridades competentes,  o sencillamente, como estrategia institucional, las promovieron y, o condescendieron con ellas, ocasionando con su actitud un grave perjuicio a la sociedad. Lo mismo ocurre con los empleadores que presionaron a sus trabajadores y, o directamente los afiliaron de forma irregular. Se hace necesario identificar quiénes procedieron de esta forma ilegal; y si lo hicieron a cambio de algún tipo de prebenda.

Por otra parte, retomando el tema de la tesis de Especialización mencionada, debo señalar que en ella aparece que buena parte de estas quejas por falsificación de firmas en las vinculaciones a la AFP, objeto de dicho estudio, fueron reconocidas como ciertas, en unos casos por la misma AFP; y en otros, por los organismos de control, tras el análisis de expertos grafólogos. Entonces, como la falsificación es un delito, considero de la mayor relevancia investigar cuántos de estos fueron reportados a la Fiscalía (en concordancia con el Art. 67 del Código de Procedimiento Penal), ya bien por las mismas AFP, que reconocieron dichas falsificaciones, o por los organismos de control, para que los responsables fueran investigados y sancionados penalmente.

Y si fueron efectivamente reportados a la Fiscalía, es indispensable averiguar cuántos han sido investigados por dicha Institución. Por lo tanto, cabe preguntarse, a la fecha, cuántas personas y organizaciones han sido sancionadas en Colombia por estas conductas que atentan contra la seguridad social de los ciudadanos. Y si hubo negligencia en reportar, investigar y sancionar estos delitos, solicito respetuosamente se investigue a los responsables del sector público y privado, involucrados en tan grave negligencia.

Con un caso real, quiero dar a conocer el modo irregular de operar: la asesora de Porvenir que vilmente me engañó para lograr mi traslado a esa AFP, le falsificó la firma a una colega. Porvenir reconoció la falsificación y la víctima fue devuelta a COLPENSIONES. Mientras tanto, la afectada interpuso la denuncia ante la Fiscalía, por falsedad en documento privado contra la asesora de Porvenir(2). Después de casi tres años, la Fiscalía, para adelantar la investigación, le solicita a la denunciante que entregue el concepto de un grafólogo, contratado por ella, para que confirme lo que la misma AFP, ya aceptó; es decir, que hubo falsificación de firma.
 
Por otro lado, me permito poner en su conocimiento, que la Defensoría del Pueblo remitió la carta de denuncia sobre las víctimas de los fondos privados, al presidente de Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo, solicitándole una respuesta a las quejas que expongo. Pero resulta que el señor Montenegro ya se pronunció de la siguiente manera: primero, contestó a mi columna “La Estafa de los Fondos Privados de Pensión” (3), enviando una respuesta al correo institucional con copia a todas las directivas de mi sitio de trabajo, incluido el Rector, vicerrectores y Decano, con el fin de amedrentarme en mi entorno laboral. Al día siguiente, publicó dicha respuesta en Las2Orillas, afirmando que era yo quien estaba desinformando a la opinión pública y advirtiéndome que debía retractarme (4). Me vi en la obligación moral de exponerle, también en Las2Orillas, al señor Montenegro Trujillo, las razones por las cuales no me podía retractar (5).

Luego, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la Comisión 7ª de la Cámara de Representantes, donde fui interrumpida en la presentación de mi ponencia, de escasos diez minutos, y el Dr. Montenegro quiso dar una “justa réplica” (6). Es decir, para negar ante los congresistas y todo el país (el debate se estaba trasmitiendo en vivo, por televisión) la veracidad de mis quejas.

Y, por último, cuando un grupo de víctimas de las AFP tuvimos un espacio, en julio del 2018, de denunciar nuestra problemática en la W, como colofón al programa, fue entrevistado el señor Santiago Montenegro, quien insistió, como siempre, en su presunta y gran preocupación por los pobres, el ahorro y la justicia; afirmó que Asofondos se comunicaría con las personas que habíamos presentado nuestro caso en dicha emisora para averiguar en qué consistía nuestra denuncia, pretendiendo hacer ver que se trataba de sorprendentes casos aislados. Cuando esta problemática afecta a miles de colombianos, y no sabemos si su número asciende a varios cientos de miles, tal vez millones; y con el tiempo esta cantidad puede aumentar. En todo caso, hasta el día de hoy, ninguna de las víctimas que transmitió su testimonio al aire, ni las que los enviaron a la emisora – que no fueron trasmitidos, pero sí fueron puestos en conocimiento del citado señor– ha recibido respuesta alguna; ante lo cual, se puede concluir, que dicho ofrecimiento fue una mentira para quedar bien con la audiencia y encubrir la verdad. Finalmente, el Dr. Montenegro culminó su intervención en la W, recitando poemas de José Asunción Silva (7).

De los pronunciamientos hechos por el señor Montenegro Trujillo, representante y líder de los fondos privados, se evidencia que a toda costa Asofondos evade la responsabilidad de la estafa del derecho fundamental a la Seguridad Social en Pensiones, tal como ampliamente ha sido denunciado en los medios, no solo por mí, sino por economistas, periodistas, abogados, politólogos, entre otros, mientras, por otro lado, continúa protegiendo el negocio del sector financiero con los derechos fundamentales. En la respuesta que Asofondos dio a mi queja presentada en la Defensoría del Pueblo, dicha institución insiste en responsabilizar a las víctimas engañadas por las afiliaciones irregulares a las AFP. Así, de forma cínica y sistemática, este gremio se niega a reconocer la veracidad de estas irregularidades y evade la responsabilidad de sus actuaciones, sin importarle el grave perjuicio y la tragedia a la que se ven sometidas las personas engañadas en sus derechos pensionales (8).

En este orden de ideas, solicito que la presente carta y la tesis que adjunto no sean reenviadas al señor Montenegro, para garantizar que los testimonios y pruebas, no sean objeto de presión por parte de Asofondos, como me ocurrió a mí, en su momento. Porque lo que respetuosamente he venido solicitando, es que el Estado proteja a las víctimas de las AFP y que las autoridades competentes puedan actuar con libertad y total autonomía, sin que se presenten interferencias indebidas por parte de un poderoso sector financiero cuyo comportamiento ético no ofrece garantías.
 
Por lo anterior, respetuosamente informo que cuando fue publicada la noticia de El Tiempo, titulada “Corte, dividida frente al traslado de pensión en los últimos 10 años” (9), acerca de la demanda de tres ciudadanos a la norma que prohíbe cambiarse de régimen diez años antes de la pensión, dirigimos una carta a la Magistrada de la Corte Constitucional, Dra. Gloria Ortiz, para agradecer su actuación a favor de la eliminación de tan injusta e inconstitucional normativa, que evidentemente es cuestionada por su validez, eficacia y legitimidad, así como por sus nefastas consecuencias para las víctimas de las AFP y todos los colombianos. Posteriormente, la secretaria de la Magistrada nos informó que ella sí recibió la carta, pero se nos negó una cita por razones éticas. Desde luego, nos conformamos con la respuesta de la Dra. Ortiz, y asumimos cualquier requerimiento en aras de la transparencia.

Sin embargo, nos llama la atención que el presidente de Asofondos sí haya tenido la oportunidad de reunirse con la Corte Constitucional en noviembre del 2017, en la ciudad de Pasto, como lo reconoce el propio Santiago Montenegro. En esa ocasión, el representante de Asofondos les expresó a los magistrados, que “se le debería pedir al Legislador crear un nuevo régimen de seguridad social”, financiado con los “recursos liberados de la eliminación de los subsidios que actualmente otorga el régimen público a las personas con elevados ingresos” (10). Es decir, eliminando el régimen de prima media de COLPENSIONES, precisamente el que perdimos las víctimas de las AFP, por las afiliaciones ilegales y como resultado de la absurda, ilegítima, inválida e ineficaz normativa que impide recuperar ese derecho con diez años de antelación.

Como ciudadana reitero mi preocupación, ya no sólo porque los derechos sociales como la pensión de vejez se encuentren en manos del sector financiero, por el carácter especulativo y comercial que le dan a los ahorros de los cotizantes y por sus irregulares e ilegales actuaciones respecto a las afiliaciones; sino porque considero de la mayor gravedad que el grupo AVAL, dueño de Porvenir, la AFP más grande del país, tenga a su cargo la mayor parte de las cotizaciones pensionales de los colombianos, cuando en las actuales circunstancias dicho grupo se encuentra gravemente cuestionado, a nivel nacional e internacional, por corrupción. Y especialmente ahora cuando recientes noticias sobre reportes económicos señalan que la baja credibilidad del grupo Aval está afectando el valor de sus acciones (11), lo que, por pertenecer dicha firma al señor Sarmiento Angulo, suponemos representa un riesgo adicional para los derechos sociales de los colombianos, sobre todo para quienes tienen sus cotizaciones en Porvenir(12).

Con esto, reitero el cuestionamiento de mi anterior carta, a la Ley 100 y al Decreto 1385 del 2015 (creadora de Fondos de Capital Privado) (13), por ir en contra del principio constitucional que prohíbe que dineros de servicios públicos sean utilizados con fines comerciales, como sabemos lo hace el sector financiero, arriesgando y perdiendo dineros correspondientes a un derecho social. Y en el presente escrito añado que encima de todo, no pueden estar dichos ahorros a cargo de un sector con cuestionamientos jurídicos y éticos, ya no sólo por las afiliaciones ilegales, sino por su presunta responsabilidad en otros actos de corrupción, que, para colmo, perjudican todavía más, los ahorros correspondientes a dichos derechos pensionales.

Por último, en la medida en que mi queja, inicialmente dirigida a la Defensoría del Pueblo, con copia a la Procuraduría, fue redirigida a varios organismos, entre ellos, la Fiscalía. Aunque desde luego, confío en la idoneidad de los funcionarios de la Fiscalía encargados del caso (14), solicito respetuosamente, que contemos con las garantías para que esa Institución pueda realizar una investigación objetiva e imparcial, puesto que se encuentra presidida por el Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, ex asesor de Sarmiento Angulo y seriamente cuestionado –entre otras razones– por su cercanía, nexos y condescendencia con el grupo Aval; y por la forma como ha manejado las denuncias sobre la actuación de dicho grupo económico en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecth.

Por otra parte, pongo en su conocimiento que la Defensoría del Pueblo también remitió mi inconformidad al Ministerio del Trabajo. Ya me llegó respuesta de dicha entidad. Ellos reenvían el caso a la Superintendencia Financiera, al considerar que no es de su competencia intervenir en el tema relacionado a las afiliaciones irregulares a las AFP (15). En todo caso, creería que las afiliaciones a las AFP, no sólo atañen a la Superintendencia Financiera, en cuanto que, lo que las AFP están vulnerando, son los derechos laborales de millones de colombianos, cuya garantía se supone constituye la misión esencial del Ministerio del Trabajo.
Respetado Dr. Carrillo, confío en que la Procuraduría General de la Nación, así como la Fiscalía, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión 7a de la Cámara de Representantes, el Ministerio del Trabajo (que esperamos modifique su posición y asuma su responsabilidad en defensa de los derechos de los afectados), todas estas, entidades a las cuales la Defensoría remitió la carta del 1 de noviembre del 2018; la Defensoría, y ahora también, como lo sugirió esta última, la Contraloría General (a la que radico las dos cartas sobre el particular), y la Superintendencia Financiera (a quien el Ministerio del Trabajo remitió nuestra inconformidad), asuman, con la mayor seriedad, compromiso y diligencia, la indagación sobre estas irregularidades y los cuestionamientos que planteo, que afectan gravemente los derechos sociales de las víctimas de las AFP (jóvenes y adultos mayores), al erario público y, en este orden de ideas, los intereses de todos los colombianos.

Quedo atenta y a la espera de su amable respuesta.

Cordialmente,


María del Rosario Vásquez Piñeros
cc.: 51.792.963 de Bogotá

Con copia a la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Dejo a la Procuraduría y a la Fiscalía la remisión del material que considere conveniente, en el momento que lo considere oportuno, a las otras instancias a las que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo remitió mi carta: Comisión Séptima, Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia Financiera.

Anexos:
1. Se anexa a la Contraloría General de la Nación la Carta presentada en la Defensoría y en la Procuraduría, el 1 de noviembre del 2018, en la cual solicitamos a dicha instancia su intervención y apoyo a las víctimas de las AFP en Colombia. La Defensoría remitió esta carta a las entidades arriba mencionadas y me sugirió dirigirme a la Contraloría. 2. Se anexa la tesis: Jazmín Adriana Martínez Herrera (David Mendoza Beltrán, asesor de investigación), Implementación de control interno en la falsificación de firmas de las afiliaciones de una AFP, tesis de Especialización Control Interno, Dirección de Posgrados Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Militar Nueva Granada, 2016.


Notas:

1 Fui informada de estos hechos en noviembre del 2018. Hago referencia a ella en la Nota Ciudadana publicada en Las2Orillas. Cfr. María del Rosario Vázquez Piñeros, “Qué esperar de un gobierno que defiende al grupo Aval”, Las2Orillas, 19 de diciembre del 2018: https://www.las2orillas.co/que-esperar-de-un-gobierno-que…/… cebook

2 INDICIADO: LUZ ANGELA BARRAGAN QUINTANA identificada con C.C. No 35.475.506 Y CONTRA PORVENIR PENSIQNJESJC.CE&4&IÍAS, identificada con el NIT N. 800.144.331-3. Recibido 035103. 1 de diciembre del 2015.

3 María del Rosario Vázquez Piñeros, “La estafa de los Fondos Privados de Pensión”, en El Espectador, 28 de febrero del 2017.

4 Santiago Montenegro, “Respuesta a la nota ciudadana: “La estafa de los Fondos Privados de Pensión, Las2Orillas, 2 de marzo del 2017.

5 María del Rosario Vázquez Piñeros, “Carta abierta a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, Las2Orillas, 7 de marzo del 2017.

6 María del Rosario Vázquez Piñeros, Ponencia en la Comisión 7ma de la Cámara, “Las víctimas de las Administradoras de Fondos Privados en Colombia: a la espera de verdad, justicia y reparación”, 9 de mayo del 2018:https://www.youtube.com/watch?v=bIjfhY62ctI

7 “La respuesta de Asofondos sobre críticas a los fondos privados de pensiones”: http://www.wradio.com.co/…/la-re…/20180718/nota/3775357.aspx

8 C2146-18. Este PDF lo envió Asofondos a la Defensoría del Pueblo como respuesta al requerimiento que le hizo para dar respuesta a mi queja. A mí también me enviaron por correo y en físico, dicho documento.

9 “Corte, dividida frente al traslado de pensión en los últimos 10 años”, El Tiempo, 9 de mayo del 2018.

10 Santiago Montenegro, “Principios para una reforma del sistema de protección a la vejez en Colombia”, en La Reforma Pensional: controversia analítica, Economía Colombiana, Contraloría General de la República de Colombia, Edición 352, abril-junio del 2018, p. 13.

11 “Acciones del grupo Aval extienden sus pérdidas con caída de las bolsas internacionales. Impacto externo se suma a los escándalos de Odebrecht”, La República, 20 de noviembre del 2018. “Fortuna de Sarmiento Angulo ha disminuido en 1.000 millones de dólares tras la muerte de Pizano, según Bloomberg”, en Semana, 29 de noviembre del 2018.


12 María del Rosario Vázquez Piñeros, “Qué esperar de un gobierno que defiende al grupo Aval”, Las2Orillas, 19 de diciembre del 2018: https://www.las2orillas.co/que-esperar-de-un-gobierno-que…/…cebook

13 Artículo 1°. Modifícase el subnumeral 1.10 del numeral 1 del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así: “1.10 Inversiones en fondos de capital privado que tengan por finalidad invertir en empresas o proyectos productivos en los términos previstos en la Parte 3 del presente decreto o demás normas que lo modifiquen o sustituyan, incluidos los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de fondos”. Las AFP podrán adquirir compromisos para participar o entregar dinero, sujetos a plazo o condición, para realizar la inversión prevista en este numeral.

14 La Fiscalía ya me hizo llegar copia del Radicado No. 20197720000121. Oficio No. DSC-20300-. Asunto: Remito NC. 110116099091201900001.

15 Ministerio del Trabajo, Radicado 11EE201823000000066538. Remite a la Superintendencia Financiera por la Sede CENTRALES DT. Depen SUB. DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS, Radicado: 08E2018231000000049035. Me fueron enviadas las copias de los dos radicados.




2018/12/27

"¿Fondos privados de pensiones, son una solución?", video de José Carlos Escalante.

Del contertulio José Carlos Escalante, @Mambi_06 en Twitter, una presentación en video.



"Los fondos privados de pensiones se plantean como la panecea para las dificultades pensionales de los Estados modernos, y Colombia es uno de esos Estados que los ha implementado. Pero, ¿Realmente ofrecen buenas condiciones a los administrados?"

 Felicitaciones a José Carlos, voz nueva en este debate.

2018/12/24

Documento de la Santa Sede sobre ética de mercados financieros

Hoy en la víspera de la Navidad de 2018, copio apartes de un importantísimo documento de la Santa Sede sobre mercados financieros, de especial relevancia para evaluar el mercado de capitales y pensional colombiano. Recomiendo su lectura completa. Fuente: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html  . Quise enfatizar algunos apartes: los subrayados son míos.  

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.- Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, 17.05.2018


[...]

6.
Está en juego el verdadero bienestar de la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro planeta, que corren el riesgo de verse confinados cada vez más a los márgenes, cuando no de ser «excluidos y descartados»[11] del progreso y el bienestar real, mientras algunas minorías explotan y reservan en su propio beneficio vastos recursos y riquezas, permaneciendo indiferentes a la condición de la mayoría. Por lo tanto, es hora de retomar lo que es auténticamente humano, ampliar los horizontes de la mente y el corazón, para reconocer lealmente lo que nace de las exigencias de la verdad y del bien, y sin lo cual todo sistema social, político y económico está destinado, en definitiva, a la ruina y a la implosión. Es cada vez más claro que el egoísmo a largo plazo no da frutos y hace pagar a todos un precio demasiado alto; por lo tanto, si queremos el bien real del hombre verdadero para los hombres, «¡el dinero debe servir y no gobernar!».[12]

Al respecto, es verdad que corresponde primordialmente a los operadores competentes y responsables desarrollar nuevas formas de economía y finanza, cuyas prácticas y normas se orienten al progreso del bien común y sean respetuosas de la dignidad humana, en la línea segura trazada por la enseñanza social de la Iglesia. Con este documento, sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya competencia también se extiende a cuestiones de naturaleza moral, en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quiere ofrecer algunas consideraciones de fondo y puntualizaciones para apoyar el progreso y defender aquella dignidad.[13] En particular, es necesario emprender una reflexión ética sobre ciertos aspectos de la intermediación financiera, cuyo funcionamiento, habiéndose desvinculado de fundamentos antropológicos y morales apropiados, no sólo ha producido abusos e injusticias evidentes, sino que se ha demostrado también capaz de crear crisis sistémicas en todo el mundo. Es un discernimiento que se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

II. Consideraciones básicas de fondo

7.
Algunas consideraciones elementales son evidentes a los ojos de todos los que, lealmente, tienen presente la situación histórica en la que vivimos; y ello más allá de cualquier teoría o escuela de pensamiento, en cuyas legítimas discusiones este documento no pretende intervenir y a cuyo diálogo, por el contario, desea contribuir, con la conciencia de que no hay recetas económicas válidas universalmente y para siempre.

[...]

12.
Ninguna actividad económica puede sostenerse por mucho tiempo si no se realiza en un clima de saludable libertad de iniciativa.[23] Es asimismo evidente que la libertad de la que gozan, hoy en día, los agentes económicos, entendida en modo absoluto y separado de su intrínseca referencia a la verdad y al bien, tiende a generar centros de supremacía y a inclinarse hacia formas de oligarquía, que en última instancia perjudican la eficiencia misma del sistema económico.[24]

Desde este punto de vista, cada vez es más fácil ver cómo, ante el creciente y penetrante poder de agentes importantes y grandes redes económicas y financieras, a los actores políticos, a menudo desorientados e impotentes a causa de la supranacionalidad de tales agentes y de la volatilidad del capital manejado por estos, les cuesta responder a su vocación original como servidores del bien común, y pueden incluso convertirse en siervos de intereses extraños a ese bien.[25]

Esto hace hoy más que nunca urgente una alianza renovada entre los agentes econó­micos y políticos en la promoción de todo aquello que es necesario para el completo desarrollo de cada persona humana y de toda la sociedad, conjugando al mismo tiempo las exigencias de la solidaridad y la subsidiariedad.[26]

13.
En principio, todas las dotaciones y medios utilizados por los mercados para aumentar su capacidad de asignación, si no están dirigidos contra la dignidad de la persona y tienen en cuenta el bien común, son moralmente admisibles.[27]

Sin embargo, es asimismo evidente que ese potente propulsor de la economía que son los mercados es incapaz de regularse por sí mismo:[28] de hecho, estos no son capaces de generar los fundamentos que les permitan funcionar regularmente (cohesión social, honestidad, confianza, seguridad, leyes...), ni de corregir los efectos externos negativos (diseconomy) para la sociedad humana (desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude...).

14.
No es posible, además, más allá del hecho de que muchos de sus operadores están animados individualmente por buenas y correctas intenciones, ignorar que en la actualidad la industria financiera, debido a su omnipresencia y a su inevitable capacidad de condicionar y – en cierto sentido – de dominar la economía real, es un lugar donde los egoísmos y los abusos tienen un potencial sin igual para causar daño a la comunidad.

En este sentido, hay que destacar que en el mundo económico y financiero se dan casos en los cuales algunos de los medios utilizados por los mercados, aunque no sean en sí mismos inaceptables desde un punto de vista ético, constituyen sin embargo casos de inmoralidad próxima, a saber, ocasiones en las cuales con mucha facilidad se generan abusos y fraudes, especialmente en perjuicio de la contraparte en desventaja. Por ejemplo, comercializar algunos productos financieros, en sí mismos lícitos, en situación de asimetría, aprovechando las lagunas informativas o la debilidad contractual de una de las partes, constituye de suyo una violación de la debida honestidad relacional y es una grave infracción desde el punto ético.

Dado que, en la situación actual, la complejidad de muchos productos financieros hace de esa asimetría un elemento intrínseco al sistema – que pone a los compradores en una posición de inferioridad en relación a quienes los comercializan – no pocos piden la superación del principio tradicional del caveat emptor (“¡atento, comprador!”). Este principio, según el cual incumbiría ante todo al comprador la responsabilidad de verificar la calidad del bien adquirido, presupone, de hecho, la igualdad en la capacidad de proteger el propio interés por parte de los contrayentes; lo que, de hecho, hoy en día en muchos casos no existe, ya sea por la evidente relación jerárquica que se instaura en algunos tipos de contratos (como entre prestamista y el prestatario), ya sea por la compleja estructuración de muchas ofertas financieras.

15.
 También el dinero es en sí mismo un instrumento bueno, como muchas cosas de las que el hombre dispone: es un medio a disposición de su libertad, y sirve para ampliar sus posibilidades. Este medio, sin embargo, se puede volver fácilmente contra el hombre. Así también la multiplicidad de instrumentos financieros (financialization) a disposición del mundo empresarial, que permite a las empresas acceder al dinero mediante el ingreso en el mundo de la libre contratación en bolsa, es en sí mismo un hecho positivo. Este fenómeno, sin embargo, implica hoy el riesgo de provocar una mala financiación de la economía, haciendo que la riqueza virtual, concentrándose principalmente en transacciones marcadas por un mero intento especulativo y en negociaciones “de alta frecuencia” (high-frequency trading), atraiga a sí excesivas cantidades de capitales, sustrayéndolas al mismo tiempo a los circuitos virtuosos de la economía real.[29]

Lo que había sido tristemente vaticinado hace más de un siglo, por desgracia, ahora se ha hecho realidad: el rendimiento del capital asecha de cerca y amenaza con suplantar la renta del trabajo, confinado a menudo al margen de los principales intereses del sistema económico. En consecuencia, el trabajo mismo, con su dignidad, no sólo se convierte en una realidad cada vez más en peligro, sino que pierde también su condición de “bien” para el hombre,[30] convirtiéndose en un simple medio de intercambio dentro de relaciones sociales asimétricas.

Precisamente en esa inversión de orden entre medios y fines, en virtud del cual el trabajo, de bien, se convierte en “instrumento” y el dinero, de medio, se convierte en “fin”, encuentra terreno fértil esa “cultura del descarte”, temeraria y amoral, que ha marginado a grandes masas de población, privándoles de trabajo decente y convirtiéndoles en sujetos “sin horizontes, sin salida”:
«Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, “sobrantes”».[31]
[...]

17.
Es un fenómeno éticamente inaceptable, no la simple ganancia, sino el aprovecharse de una asimetría en favor propio para generar beneficios significativos a expensas de otros; lucrar explotando la propia posición dominante con desventaja injusta de los demás o enriquecerse creando perjuicio o perturbando el bienestar colectivo.[33]

Esta práctica es particularmente deplorable, desde el punto de vista moral, cuando unos pocos – por ejemplo importantes fondos de inversión – intentan obtener beneficios, mediante una especulación[34] encaminada a provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la situación económica de países enteros, poniendo en peligro no sólo los proyectos públicos de saneamiento económico sino la misma estabilidad económica de millones de familias, obligando al mismo tiempo a las autoridades gubernamentales a intervenir con grandes cantidades de dinero público, y llegando incluso a determinar artificialmente el funcionamiento adecuado de los sistemas políticos.

La finalidad especulativa, especialmente en el campo económico financiero, amenaza hoy con suplantar a todos los otros objetivos principales en los que se concreta la libertad humana. Este hecho está deteriorando el inmenso patrimonio de valores que hace de nuestra sociedad civil un lugar de coexistencia pacífica, de encuentro, de solidaridad, de reciprocidad regeneradora y de responsabilidad por el bien común. En este contexto, palabras como “eficiencia”, “competencia”, “liderazgo”, “mérito” tienden a ocupar todo el espacio de nuestra cultura civil, asumiendo un significado que acaba empobreciendo la calidad de los intercambios, reducidos a meros coeficientes numéricos.

Esto requiere ante todo que se emprenda una reconquista de lo humano, para reabrir los horizontes a la sobreabundancia de valores, que es la única que permite al hombre encontrarse a sí mismo y construir sociedades que sean acogedoras e inclusivas, donde haya espacio para los más débiles y donde la riqueza se utilice en beneficio de todos. En resumen, lugares donde al hombre le resulte bello vivir y fácil esperar.

 III. Algunas puntualizaciones en el contexto actual

[...]
21. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado con evidencia, por un lado, lo ingenua que es la confianza en una autosuficiencia distributiva de los mercados, independiente de toda ética y, por otro lado, la impelente necesidad de una adecuada regulación, que conjugue al mismo tiempo libertad y tutela de todos los sujetos que en ella operan en régimen de una sana y correcta interacción, especialmente de los más vulnerables. En este sentido, los poderes políticos y económico-financieros deben siempre mantenerse distintos y autónomos y al mismo tiempo orientarse, más allá de todas complicidad nociva, a la realización de un bien que es tendencialmente común y no reservado a pocos sujetos privilegiados.[40]

Esa regulación se hace aún más necesaria ya sea por la constatación de que entre los principales motivos de la reciente crisis económica se hallan también conductas inmorales de representantes de mundo financiero, ya sea por el hecho de que la dimensión supranacional del sistema económico permite burlar fácilmente las reglas establecidas por los distintos países. Además, la extrema volatilidad y movilidad de los capitales comprometidos en el mundo financiero permite a quien dispone de ellos operar fácilmente más allá de toda norma que no sea la de un beneficio inmediato, chantajeando a menudo desde una posición de fuerza también al poder político de turno.

[...]
 Las reglas deben favorecer una completa trasparencia de lo que se negocia, para eliminar toda forma de injusta desigualdad, garantizando lo más posible un equilibrio en los intercambios. Especialmente teniendo en cuenta que la concentración asimétrica de informaciones y poder tiende a reforzar a los sujetos económicos más fuertes, creando hegemonías capaces de influenciar unilateralmente no sólo los mercados sino incluso los mismos sistemas políticos y normativos. Por lo demás, allí donde se ha practicado una desregulación masiva se ha puesto en evidencia que los espacios de vacío normativo e institucional constituyen espacios favorables, no sólo para el riesgo moral y la malversación, sino también para la aparición de exuberancias irracionales de los mercados – a las que siguen burbujas especulativas y luego repentinos colapsos ruinosos – y de crisis sistémicas.[42]

22.
[...]
La salud del sistema financiero exige además la mayor cantidad de información posible, para que cada sujeto pueda tutelar en plena y consciente libertad sus intereses: es importante, en efecto, saber si los propios capitales son usados con fines especulativos o no, así como conocer claramente el grado de riesgo y la congruencia del precio de los productos financieros que se subscriben. Sobre todo considerando que el ahorro, especialmente el familiar, es un bien público que hay que tutelar y que trata siempre de excluir el riesgo. El mismo ahorro, cuando se pone en manos expertas de asesores financieros, tiene que ser bien administrado y no simplemente gestionado.

Entre los comportamientos moralmente criticables en la gestión del ahorro por parte de los asesores financieros cabe señalar:
  • los excesivos movimientos del portafolio de títulos, con el propósito principal de incrementar los ingresos generados por las comisiones del intermediario; 
  • la desaparición de la imparcialidad debida en la oferta de instrumentos de ahorro, con la complicidad de algunos bancos, allí donde los productos de otros sujetos se ajustarían mejores a las necesidades del cliente; 
  • la falta de diligencia adecuada o incluso negligencia dolosa por parte de los consultores, respecto a la protección de los intereses de portafolio de sus clientes; 
  • la concesión de préstamos por parte de un intermediario bancario, subordinada a la simultánea subscripción de otros productos financieros quizás no favorables al cliente. 

[...]

27.
Estos [tasas LIBOR y de intercambio de divisas] son parámetros importantes, que tienen un impacto significativo en todo el sistema económico-financiero, ya que afectan a las grandes transferencias diarias de efectivo entre las partes que suscriben contratos basados precisamente en la cuantificación de dichas tasas. La manipulación de esta constituye por lo tanto un caso de grave violación ética, con consecuencias de amplio alcance.

El hecho de que esto haya podido suceder impunemente durante muchos años demuestra lo frágil y expuesto al fraude que es un sistema financiero que no esté suficientemente controlado por normas y se halle desprovisto de sanciones proporcionadas a las violaciones en las que incurren sus actores. En este contexto, la creación de verdaderos “carteles” de connivencia entre los sujetos responsables de la correcta fijación del nivel de esas tasas constituye un caso de asociación para delinquir particularmente perjudicial para el bien común, que inflige una peligrosa herida a la salud del sistema económico y que hay que sancionar con penas adecuadas que disuadan de su reiteración. [¡A propósito de la cartelización de tasas de comisiones de administración que he denunciado!].


28.
Hoy en día, los principales actores del mundo financiero, y en especial los bancos, deben contar con órganos internos que garanticen el adecuado control de conformidad (compliance), o autocontrol de la legitimidad de los principales pasos del proceso de decisión y de los productos más importantes ofrecidos por la empresa. Sin embargo, cabe señalar que, al menos hasta un pasado muy reciente, la práctica del sistema económico-finan­ciero se basa en gran parte en un juicio puramente negativo del control de conformidad, es decir, sobre un respeto meramente formal de los límites establecidos por las leyes vigentes. Desafortunadamente, de esto también deriva la frecuencia de una praxis de hecho elusiva de los controles normativos, es decir, de acciones destinadas a zafarse de los principios normativos vigentes, cuidándose bien, empero, de no contradecir explícitamente las normas que los expresan, para evitar sanciones.

Para evitar todo ello, es necesario que el control de conformidad entre en lo específico de las diferentes transacciones también en positivo, verificando su cumplimiento efectivo de los principios que informan la normativa vigente. La práctica de esta modalidad de control quedaría facilitada, según el parecer de muchos, si se establecieran Comités éticos, que funcionasen junto a los Consejos de Administración y constituyeran el interlocutor natural de quienes deben garantizar, en el correcto operar de los bancos, la conformidad entre los comportamientos y las razones de las normas vigentes.

A tal fin, dentro de las empresas habría que disponer líneas guía, que permitan facilitar este juicio de conformidad, de modo que sea posible discernir cuáles de las transacciones técnicamente viables en el aspecto jurídico, son de hecho, legítimas y viables desde el punto de vista ético (cuestión muy relevante, por ejemplo, para las prácticas de elusión fiscal). El objetivo es pasar de un respeto formal a un respeto sustancial de las reglas.

Además, es deseable que también en el sistema normativo que regula el mundo financiero haya una cláusula general que declare ilegítimos, con la consiguiente responsabilidad patrimonial de todos los sujetos imputables, aquellos actos cuyo propósito sea principalmente la elusión de la normativa vigente.



[...]

30.
De esta intención especulativa se nutre además el mundo de las finanzas offshore, que, aunque también ofrece otros servicios legales, a través de los ampliamente difusos canales de elusión fiscal – la evasión y el lavado de dinero sucio – constituye otra razón de empobrecimiento del sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios. Es difícil discernir si muchas de estas situaciones dan lugar a casos de inmoralidad próxima o inmediata: es ciertamente evidente que tales realidades, donde substraen injustamente linfa vital a la economía real, difícilmente pueden encontrar una justificación, ya sea desde el punto de vista ético, ya sea en términos de la eficiencia global del mismo sistema económico.

Más aún, cada vez resulta más claro que existe un grado de correlación apreciable entre el comportamiento no ético de los operadores y la quiebra del sistema en su conjunto: es ya innegable que las deficiencias éticas exacerban las imperfecciones de los mecanismos del mercado[46].

En la segunda mitad del siglo pasado, nació el mercado offshore de los euro-dólares, lugar financiero de intercambio fuera de cualquier marco normativo oficial. Mercado que desde un importante país europeo se ha extendido a otros países alrededor del mundo, creando una verdadera red financiera, alternativa al sistema financiero oficial, jurisdicciones que la protegían.

A este respecto, cabe señalar que, si bien la razón formal para legitimar la presencia de sedes offshore es la de evitar que los inversores institucionales sufran una doble tasación, primero en su país de residencia y luego en el país en el que están domiciliados los fondos, de hecho, estos lugares se han convertido hoy en día, en ocasión de operaciones financieras a menudo al límite de la legalidad, cuando no se “pasan de la raya”, tanto desde el punto de vista de su legalidad normativa, como desde el punto de vista ético, es decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de elusión fiscal.

En la actualidad, más de la mitad del comercio mundial es llevada a cabo por grandes sujetos, que reducen drásticamente su carga fiscal transfiriendo los ingresos de un lugar a otro, dependiendo de lo que les convenga, transfiriendo los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a los países con altos impuestos. Está claro que esto ha restado recursos decisivos a la economía real, y ha contribuido a la creación de sistemas económicos basados en la desigualdad. Por otra parte, no es posible ignorar que esas sedes offshore se han convertido en lugares de lavado de dinero “sucio”, es decir, fruto de ganancias ilícitas (robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra...).

Así, al disimular el hecho de que las operaciones offshore no se llevaban a cabo en sus plazas financieras oficiales, algunos Estados han permitido que se sacara provecho incluso de delitos, sintiéndose no responsables porque no se realizaban formalmente bajo su jurisdicción. Esto representa, desde un punto de vista moral, una forma obvia de hipocresía.

En poco tiempo, este mercado se ha convertido en el lugar de mayor tránsito de capitales, ya que su configuración representa una manera fácil de realizar diferentes e importantes formas de elusión fiscal. Se entiende entonces que la domiciliación offshore de muchas empresas importantes que participan en el mercado sea muy deseada y practicada.



31.
Ciertamente, el sistema fiscal de los Estados no siempre parece justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real.

En cualquier caso, es precisamente la elusión fiscal de los principales actores que se mueven en los mercados, especialmente los grandes intermediarios financieros, lo que representa una abominable sustracción de recursos a la economía real y un daño para toda la sociedad civil. Dada la falta de transparencia de esos sistemas es difícil determinar con precisión la cantidad de capital que pasa a través de ellos; sin embargo, se ha calculado que bastaría un impuesto mínimo sobre las transacciones offshore para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo: ¿por qué no hacerlo con valentía?

Además, se ha demostrado que la existencia de sedes offshore favorece asimismo enormes salidas de capital de muchos países de bajos ingresos, generando numerosas crisis políticas y económicas e impidiendo a los mismos embarcarse finalmente en el camino del crecimiento y del desarrollo saludable.

A este propósito, hay que señalar que diversas instituciones internacionales han denunciado reiteradamente todo esto, y no pocos gobiernos nacionales han tratado justamente de limitar el alcance de las plazas financieras offshore. Ha habido muchos esfuerzos positivos en este sentido, especialmente en los últimos diez años. Sin embargo, todavía no ha sido posible imponer acuerdos y normativas adecuadamente eficaces en tal sentido; los esquemas normativos propuestos en esta área también por prestigiosas organizaciones internacionales han quedado frecuentemente sin aplicación o han resultado ineficaces, debido a la poderosa influencia que estas plazas pueden ejercer, a causa del gran capital del que disponen frente a tantos poderes políticos.

Todo lo cual, al mismo tiempo que constituye un grave perjuicio al buen funcionamiento de la economía real, representa una estructura que, tal como está configurada actualmente, resulta totalmente inaceptable desde el punto de vista ético. Es, por lo tanto, necesario y urgente que, a nivel internacional, se apliquen los remedios apropiados a estos sistemas inicuos; en primer lugar, practicando a todos los niveles la transparencia financiera (por ejemplo, con la obligación de rendición de cuentas, para las empresas multinacionales, de sus respectivas actividades e impuestos pagados en cada país donde operan a través de sus filiales); y también con sanciones incisivas impuestas a los países que reiteren las prácticas deshonestas (evasión y elusión de impuestos, lavado de dinero sucio) mencionadas anteriormente.

32.
Especialmente en los países con economías menos desarrolladas, el sistema offshore ha empeorado la deuda pública. Se ha observado, en efecto, que la riqueza privada acumulada en los paraísos fiscales por algunas élites ha casi igualado la deuda pública de sus respectivos países. Esto evidencia asimismo que, de hecho, en el origen de esa deuda a menudo están los pasivos económicos generados por privados y luego descargados sobre los hombros del sistema público. Entre otras cosas, es bien sabido que importantes sujetos económicos tienden a buscar la socialización de las pérdidas, frecuentemente, con la connivencia de los políticos.

[...]

33.
Todo lo dicho hasta ahora no afecta solo a entidades fuera de nuestro control, sino que cae también dentro de la esfera de nuestra responsabilidad. Esto significa que tenemos a nuestra disposición herramientas importantes para contribuir a resolver muchos problemas. Por ejemplo, los mercados viven gracias a la demanda y a la oferta de bienes; en este sentido, cada uno de nosotros puede influir en modo decisivo, al menos, en la configuración de esa demanda.

Por lo tanto, es importante un ejercicio crítico y responsable del consumo y del ahorro. Hacer la compra, acción cotidiana con la que nos dotamos de lo necesario para vivir, implica también una selección entre los diversos productos que ofrece el mercado. Es una opción que a menudo realizamos de manera inconsciente, comprando bienes cuya producción se realiza, por ejemplo, a través de cadenas productivas donde es normal la violación de los más elementales derechos humanos o gracias a empresas cuya ética, de hecho, no conoce otros intereses sino los de la ganancia de sus accionistas a cualquier costo.

Es necesario seleccionar aquellos bienes de consumo detrás de los cuales hay un proceso éticamente digno, ya que incluso a través del gesto, aparentemente banal, del consumo expresamos con los hechos una ética, y estamos llamados a tomar partido ante lo que beneficia o daña al hombre concreto. Alguien ha hablado, en este sentido, de “votar con la cartera”: se trata, en efecto, de votar diariamente en el mercado a favor de lo que ayuda al verdadero bienestar de todos nosotros y rechazar lo que lo perjudica.[48]

Las mismas reflexiones deben hacerse en relación a la gestión de los propios ahorros, dirigiéndolos, por ejemplo, hacia aquellas empresas que operan con criterios claros, inspirados en una ética respetuosa del hombre entero y de todos los hombres y en un horizonte de responsabilidad social.[49] Y, más en general, cada uno está llamado a cultivar prácticas de producción de riqueza que sean congruentes con nuestra índole relacional y tendentes al desarrollo integral de la persona

IV. Conclusión

34.
Frente a la inmensidad y omnipresencia de los actuales sistemas económico-finan­cieros, nos podemos sentir tentados a resignarnos al cinismo y a pensar que, con nuestras pobres fuerzas, no podemos hacer mucho. En realidad, cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo.
Muchas asociaciones con origen en de la sociedad civil son, en este sentido, una reserva de conciencia y responsabilidad social, de la que no podemos prescindir. Hoy más que nunca, todos estamos llamados a vigilar como centinelas de la vida buena y a hacernos intérpretes de un nuevo protagonismo social, basando nuestra acción en la búsqueda del bien común y fundándola sobre sólidos principios de solidaridad y subsidiariedad.

Cada gesto de nuestra libertad, aunque pueda parecer frágil e insignificante, si orienta realmente al auténtico bien, se apoya en Aquel que es Señor bueno de la historia, y se convierte en parte de una positividad, que va más allá de nuestras pobres fuerzas, uniendo indisolublemente todos los actos de buena voluntad en una red que une el cielo con la tierra, verdadero instrumento de humanización del hombre y del mundo. Esto es lo que necesitamos para vivir bien y nutrir una esperanza que esté a la altura de nuestra dignidad de personas humanas.

[...]

El Sumo Pontífice Francisco, en la audiencia concedida al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha aprobado las presentes Consideraciones, decididas en la Sesión Ordinaria de este Dicasterio y ha ordenado su publicación.
Dado en Roma el 6 de enero de 2018, Solemnidad de la Epifanía del Señor.


Notas de pie de página.


[11] Francesco, Exhort. ap. Evangelii gaudium ( 24 novembre 2013), n. 53: AAS 105 (2013), 1042.

[12] Ibid., n. 58: AAS 105 (2013), 1042.

[13] Cf. Concilio EcuménicoVaticano II, Decl. Dignitatis humanae, n. 14.

[...]

[23] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 de mayo de 1991), nn. 17, 24, 42: AAS 83 (1991), 814, 821, 845.

[24] Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno (15 de mayo de 1931), n. 105: AAS 23 (1931), 210; Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 de marzo de 1967), n. 9: AAS 59 (1967), 261; Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 203: AAS 107 (2015), 927.

[25] Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 175: AAS 107 (2015), 916. Sobre el vínculo necesario entre economía y política, cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, n. 36: AAS 101 (2009), 671: «La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios».

[26] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, n. 58: AAS (2009), 693.

[27] Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, n. 64.

[28] Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, n. 89: AAS 23 (1931), 206; Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 35: AAS 101 (2009), 670; Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 204: AAS 105 (2013), 1105.

[29] Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 109: AAS 107 (2015), 891.

[30] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14 de septiembre de 1981), n. 9: AAS 73 (1981), 598.

[31] Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 53: AAS 105 (2013), 1042.

[32] Cf. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 369.

[33] Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, n. 132: AAS 23 (1931), 219; Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, n. 24: AAS 59 (1967), 269.

[34] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2409.

[...]

[40] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollecitudo rei socialis, n. 28 AAS 80 (1988),548.

[...]

[46] Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, n. 189: AAS 107 (2015), 922.

[...]

[48] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, n. 66: AAS 101 (2009), 699.
[49] Cf. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 358








2018/12/21

Hacia una economía de y para los trabajadores cotizantes

Artículo anterior discutió por qué los cotizantes deberían conformar juntas directivas de los fondos pensionales mismos, para independizarlos de la ineficiencia y malgasto causado por la mala administración de las administradoras de fondos (AFP).

El que los cotizantes organizados deban retomar control de sus inversiones implica dar otro paso: el que también los cotizantes hagan valer sus derechos de propiedad, asumiendo verdadera dirección y supervisión de las empresas donde se ha invertido la plata pensional, sentándose en las juntas directivas de esas empresas.

De los 240 billones de pesos que hay en fondos pensionales obligatorios, alrededor de 33 billones (15%) están invertidos en acciones de compañías colombianas. Aquí van algunos ejemplos: BanColombia, Grupo Energía Bogotá y Grupo Argos.

BanColombia: De las acciones ordinarias de BanColombia, casi 20% son de los fondos de pensiones. (Sólo las acciones ordinarias dan puesto en las juntas directivas; creo que los fondos de pensiones deberían desembarazarse de las tales acciones preferenciales).  


Grupo Energía Bogotá: de este grupo, antigua Empresa de Energía, los fondos obligatorios tienen 18,84% (9,21%+6,49%+2,36%+0,78%) de las acciones.

Grupo Argos: fondos pensionales tienen casi 11% de las acciones ordinarias (5.14+3.73+1.47+0.56).

Sin embargo,  ¡fondos pensionales tienen 63,5% de las acciones preferenciales! (22.48+21.41+6.15+2.36+1.90+1.84+1.66+1.40+1.32+1.28+1.02+0.65) Esto es sorprendente y preocupante: si los cotizantes han invertido tanto en ser dueños de una compañía, cómo es que renuncian a sentarse en la junta directiva?


Si los cotizantes, por medio de los fondos pensionales, son dueños de alrededor del 20% de muchas de las empresas que cotizan en bolsa, es apenas lógico que deben tener sus intereses representados en esas empresas.

Hasta ahora el poder de ese 20% de acciones ha sido usurpado por las administradoras de fondos pensionales ("AFP"). A estas alturas, ¿usted cree que el representante en junta directiva que salió elegido con los votos de Protección va a hacer cosa distinta de procurar los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de Protección?

Las tajadas accionarias de los fondos pensionales se usan como herramienta de poder corporativo. Véase de nuevo la distribución de dueños de acciones ordinarias de BanColombia:



El Grupo Sura mismo, con 46,1%, no tiene la mitad más uno de las acciones, pero al sumarle las acciones de los fondos pensionales bajo control de la AFP Protección (un poco menos de 5%), tiene la mayoría efectiva.

Es hora de que los sindicatos y asociaciones profesionales animen a los cotizantes a que reclamen el poder corporativo que se han dejado usurpar por parte de las administradoras pensionales. Es muy ignorante y hasta estúpido si renuncian al poder enorme que dan 240 billones de pesos en inversiones totales, y específicamente 33 billones de pesos en acciones de empresas colombianas -- el 20%, y creciendo, de las empresas colombianas que cotizan en bolsa. Por ello no puedo apoyar el que se llame a los cotizantes, sobre todo aquellos más despiertos políticamente, a sacar su plata de los fondos de pensiones. Y a propósito de los escándalos corporativos recientes, ¿ustedes no creen que un buen gobierno corporativo, con representantes independientes, protegería contra esos casos de corrupción empresarial? 

Sucedió la revolución y no nos dimos cuenta: los cotizantes ya no son proletariado, sino dueños de enormes masas de capital.

¿Vamos a dejar que la contrarrevolución ocurra, y que mediante el desangre de las comisiones y la usurpación en las juntas directivas, la propiedad y control de ese nuevo y enorme capital quede plenamente en manos del parasitismo financiero?