Hoy en la víspera de la Navidad de 2018, copio apartes de un importantísimo documento de la Santa Sede sobre mercados financieros, de especial relevancia para evaluar el mercado de capitales y pensional colombiano. Recomiendo su lectura completa. Fuente: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html  . Quise enfatizar algunos apartes: los subrayados son míos.    
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.- 
Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del 
actual sistema económico y financiero, 17.05.2018
[...]
6.
Está en juego el verdadero bienestar de la mayoría de los hombres y 
mujeres de nuestro planeta, que corren el riesgo de verse confinados 
cada vez más a los márgenes, cuando no de ser «
excluidos y descartados»[11]
 del progreso y el bienestar real, mientras algunas minorías explotan y 
reservan en su propio beneficio vastos recursos y riquezas, 
permaneciendo indiferentes a la condición de la mayoría. Por lo tanto, 
es hora de retomar lo que es auténticamente humano, ampliar los 
horizontes de la mente y el corazón, para reconocer lealmente lo que 
nace de las exigencias de la verdad y del bien, y sin lo cual todo 
sistema social, político y económico está destinado, en definitiva, a la
 ruina y a la implosión. Es cada vez más claro que el egoísmo a largo 
plazo no da frutos y hace pagar a todos un precio demasiado alto; por lo
 tanto, si queremos el bien real del hombre verdadero para los hombres, «
¡el dinero debe servir y no gobernar!».[12]
Al respecto, es verdad que corresponde primordialmente a los operadores competentes y responsables desarrollar nuevas formas de economía y finanza, cuyas prácticas y normas se orienten al progreso del bien común y sean respetuosas de la dignidad humana, en la línea segura trazada por la enseñanza social de la Iglesia. Con este documento, sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya competencia también se extiende a cuestiones de naturaleza moral, en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quiere ofrecer algunas consideraciones de fondo y puntualizaciones para apoyar el progreso y defender aquella dignidad.[13] En particular, es necesario emprender una reflexión ética sobre ciertos aspectos de la intermediación financiera, cuyo funcionamiento, habiéndose desvinculado de fundamentos antropológicos y morales apropiados, no sólo ha producido abusos e injusticias evidentes, sino que se ha demostrado también capaz de crear crisis sistémicas en todo el mundo. Es un discernimiento que se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
II. Consideraciones básicas de fondo
7.
Algunas consideraciones elementales son evidentes a los ojos de 
todos los que, lealmente, tienen presente la situación histórica en la 
que vivimos; y ello más allá de cualquier teoría o escuela de 
pensamiento, en cuyas legítimas discusiones este documento no pretende 
intervenir y a cuyo diálogo, por el contario, desea contribuir, con la 
conciencia de que no hay recetas económicas válidas universalmente y 
para siempre.
[...]
12.
Ninguna actividad económica puede sostenerse por mucho tiempo si 
no se realiza en un clima de saludable libertad de iniciativa.[23] Es 
asimismo evidente que la libertad de la que gozan, hoy en día, los 
agentes económicos, entendida en modo absoluto y separado de su 
intrínseca referencia a la verdad y al bien, tiende a generar centros de
 supremacía y a inclinarse hacia formas de oligarquía, que en última 
instancia perjudican la eficiencia misma del sistema económico.[24]
Desde este punto de vista, cada vez es más fácil ver cómo, ante el 
creciente y penetrante poder de agentes importantes y grandes redes 
económicas y financieras, a los actores políticos, a menudo 
desorientados e impotentes a causa de la supranacionalidad de tales 
agentes y de la volatilidad del capital manejado por estos, les cuesta 
responder a su vocación original como servidores del bien común, y 
pueden incluso convertirse en siervos de intereses extraños a ese 
bien.[25]
Esto hace hoy más que nunca urgente una alianza renovada entre los 
agentes económicos y políticos en la promoción de todo aquello que es 
necesario para el completo desarrollo de cada persona humana y de toda 
la sociedad, conjugando al mismo tiempo las exigencias de la solidaridad
 y la subsidiariedad.[26]
13.
En principio, todas las dotaciones y medios utilizados por los 
mercados para aumentar su capacidad de asignación, si no están dirigidos
 contra la dignidad de la persona y tienen en cuenta el bien común, son 
moralmente admisibles.[27]
Sin embargo, es asimismo evidente que ese potente propulsor de la 
economía que son los mercados es incapaz de regularse por sí mismo:[28] 
de hecho, estos no son capaces de generar los fundamentos que les 
permitan funcionar regularmente (cohesión social, honestidad, confianza,
 seguridad, leyes...), ni de corregir los efectos externos negativos (
diseconomy) para la sociedad humana (desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude...).
14.
No es posible, además, más allá del hecho de que muchos de sus operadores están animados individualmente por buenas y correctas intenciones, ignorar que en la actualidad la industria financiera, debido a su omnipresencia y a su inevitable capacidad de condicionar y – en cierto sentido – de dominar la economía real, es un lugar donde los egoísmos y los abusos tienen un potencial sin igual para causar daño a la comunidad.
En este sentido, hay que destacar que 
en el mundo económico y financiero se dan casos en los cuales algunos de los medios utilizados por los mercados, aunque no sean en sí mismos inaceptables desde un punto de vista ético, constituyen sin embargo casos de inmoralidad próxima, a saber, ocasiones en las cuales con mucha facilidad se generan abusos y fraudes, especialmente en perjuicio de la contraparte en desventaja. Por ejemplo, comercializar algunos productos financieros, en sí mismos lícitos, en situación de asimetría, aprovechando las lagunas informativas o la debilidad contractual de una de las partes, constituye de suyo una violación de la debida honestidad relacional y es una grave infracción desde el punto ético.
Dado que, en la situación actual, la complejidad de muchos productos financieros hace de esa asimetría un elemento intrínseco al sistema – que pone a los compradores en una posición de inferioridad en relación a quienes los comercializan – no pocos piden la superación del principio tradicional del 
caveat emptor (“¡atento, comprador!”). Este principio, según el cual incumbiría ante todo al comprador la responsabilidad de verificar la calidad del bien adquirido, presupone, de hecho, la igualdad en la capacidad de proteger el propio interés por parte de los contrayentes; lo que, de hecho, hoy en día en muchos casos no existe, ya sea por la evidente relación jerárquica que se instaura en algunos tipos de contratos (como entre prestamista y el prestatario), ya sea por la compleja estructuración de muchas ofertas financieras.
15.
 También el dinero es en sí mismo un instrumento bueno, como muchas cosas de las que el hombre dispone: es un medio a disposición de su libertad, y sirve para ampliar sus posibilidades. Este medio, sin embargo, se puede volver fácilmente contra el hombre. Así también la multiplicidad de instrumentos financieros (
financialization) a disposición del mundo empresarial, que permite a las empresas acceder al dinero mediante el ingreso en el mundo de la libre contratación en bolsa, es en sí mismo un hecho positivo. Este fenómeno, sin embargo, implica hoy el riesgo de provocar una mala financiación de la economía, haciendo que la riqueza virtual, concentrándose principalmente en transacciones marcadas por un mero intento especulativo y en negociaciones “de alta frecuencia” (
high-frequency trading), atraiga a sí excesivas cantidades de capitales, sustrayéndolas al mismo tiempo a los circuitos virtuosos de la economía real.[29]
Lo que había sido tristemente vaticinado hace más de un siglo, por desgracia, ahora se ha hecho realidad: el rendimiento del capital asecha de cerca y amenaza con suplantar la renta del trabajo, confinado a menudo al margen de los principales intereses del sistema económico. En consecuencia, el trabajo mismo, con su dignidad, no sólo se convierte en una realidad cada vez más en peligro, sino que pierde también su condición de “bien” para el hombre,[30] convirtiéndose en un simple medio de intercambio dentro de relaciones sociales asimétricas.
Precisamente en esa inversión de orden entre medios y fines, en virtud del cual el trabajo, de bien, se convierte en “instrumento” y el dinero, de medio, se convierte en “fin”, encuentra terreno fértil esa “cultura del descarte”, temeraria y amoral, que ha marginado a grandes masas de población, privándoles de trabajo decente y convirtiéndoles en sujetos “sin horizontes, sin salida”:
«Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, “sobrantes”».[31]
[...]
17.
Es un fenómeno éticamente inaceptable, no la simple ganancia, 
sino el aprovecharse de una asimetría en favor propio para generar 
beneficios significativos a expensas de otros; lucrar explotando la 
propia posición dominante con desventaja injusta de los demás o 
enriquecerse creando perjuicio o perturbando el bienestar colectivo.[33]
Esta práctica es particularmente deplorable, desde el punto de vista 
moral, cuando unos pocos – por ejemplo importantes fondos de inversión –
 intentan obtener beneficios, mediante una especulación[34] encaminada a
 provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la
 deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la 
situación económica de países enteros, poniendo en peligro no sólo los 
proyectos públicos de saneamiento económico sino la misma estabilidad 
económica de millones de familias, obligando al mismo tiempo a las 
autoridades gubernamentales a intervenir con grandes cantidades de 
dinero público, y llegando incluso a determinar artificialmente el 
funcionamiento adecuado de los sistemas políticos.
La finalidad especulativa, especialmente en el campo económico 
financiero, amenaza hoy con suplantar a todos los otros objetivos 
principales en los que se concreta la libertad humana. Este hecho está 
deteriorando el inmenso patrimonio de valores que hace de nuestra 
sociedad civil un lugar de coexistencia pacífica, de encuentro, de 
solidaridad, de reciprocidad regeneradora y de responsabilidad por el 
bien común. En este contexto, palabras como “eficiencia”, “competencia”,
 “liderazgo”, “mérito” tienden a ocupar todo el espacio de nuestra 
cultura civil, asumiendo un significado que acaba empobreciendo la 
calidad de los intercambios, reducidos a meros coeficientes numéricos.
Esto requiere ante todo que se emprenda una reconquista de lo humano,
 para reabrir los horizontes a la sobreabundancia de valores, que es la 
única que permite al hombre encontrarse a sí mismo y construir 
sociedades que sean acogedoras e inclusivas, donde haya espacio para los
 más débiles y donde la riqueza se utilice en beneficio de todos. En 
resumen, lugares donde al hombre le resulte bello vivir y fácil esperar.
 
III. Algunas puntualizaciones en el contexto actual
[...] 
21. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado con 
evidencia, por un lado, lo ingenua que es la confianza en una 
autosuficiencia distributiva de los mercados, independiente de toda 
ética y, por otro lado, la impelente necesidad de una adecuada 
regulación, que conjugue al mismo tiempo libertad y tutela de todos los 
sujetos que en ella operan en régimen de una sana y correcta 
interacción, especialmente de los más vulnerables. En este sentido, los 
poderes políticos y económico-financieros deben siempre mantenerse 
distintos y autónomos y al mismo tiempo orientarse, más allá de todas 
complicidad nociva, a la realización de un bien que es tendencialmente 
común y no reservado a pocos sujetos privilegiados.[40]
Esa regulación se hace aún más necesaria ya sea por la constatación 
de que entre los principales motivos de la reciente crisis económica se 
hallan también conductas inmorales de representantes de mundo 
financiero, ya sea por el hecho de que la dimensión supranacional del 
sistema económico permite burlar fácilmente las reglas establecidas por 
los distintos países. Además, la extrema volatilidad y movilidad de los 
capitales comprometidos en el mundo financiero permite a quien dispone 
de ellos operar fácilmente más allá de toda norma que no sea la de un 
beneficio inmediato, chantajeando a menudo desde una posición de fuerza 
también al poder político de turno.
[...]
 
Las reglas deben favorecer una completa trasparencia de lo que se 
negocia, para eliminar toda forma de injusta desigualdad, garantizando 
lo más posible un equilibrio en los intercambios. Especialmente teniendo
 en cuenta que la concentración asimétrica de informaciones y poder 
tiende a reforzar a los sujetos económicos más fuertes, creando 
hegemonías capaces de influenciar unilateralmente no sólo los mercados 
sino incluso los mismos sistemas políticos y normativos. Por lo demás, 
allí donde se ha practicado una desregulación masiva se ha puesto en 
evidencia que los espacios de vacío normativo e institucional 
constituyen espacios favorables, no sólo para el riesgo moral y la 
malversación, sino también para la aparición de exuberancias 
irracionales de los mercados – a las que siguen burbujas especulativas y
 luego repentinos colapsos ruinosos – y de crisis sistémicas.[42]
22.
[...]
La salud del sistema financiero exige además la mayor cantidad de información posible, para que cada sujeto pueda tutelar en plena y consciente libertad sus intereses: es importante, en efecto, saber si los propios capitales son usados con fines especulativos o no, así como conocer claramente el grado de riesgo y la congruencia del precio de los productos financieros que se subscriben. Sobre todo considerando que el ahorro, especialmente el familiar, es un bien público que hay que tutelar y que trata siempre de excluir el riesgo. El mismo ahorro, cuando se pone en manos expertas de asesores financieros, tiene que ser bien administrado y no simplemente gestionado.
Entre los comportamientos moralmente criticables en la gestión del ahorro por parte de los asesores financieros cabe señalar:
- los excesivos movimientos del portafolio de títulos, con el propósito principal de incrementar los ingresos generados por las comisiones del intermediario; 
 
- la desaparición de la imparcialidad debida en la oferta de instrumentos de ahorro, con la complicidad de algunos bancos, allí donde los productos de otros sujetos se ajustarían mejores a las necesidades del cliente; 
 
- la falta de diligencia adecuada o incluso negligencia dolosa por parte de los consultores, respecto a la protección de los intereses de portafolio de sus clientes; 
 
- la concesión de préstamos por parte de un intermediario bancario, subordinada a la simultánea subscripción de otros productos financieros quizás no favorables al cliente. 
 
[...]
27. 
Estos [tasas LIBOR y de intercambio de divisas] son parámetros importantes, que tienen un impacto significativo
 en todo el sistema económico-financiero, ya que afectan a las grandes 
transferencias diarias de efectivo entre las partes que suscriben 
contratos basados precisamente en la cuantificación de dichas tasas. La 
manipulación de esta constituye por lo tanto un caso de grave violación 
ética, con consecuencias de amplio alcance.
El hecho de que esto haya podido suceder impunemente durante muchos 
años demuestra lo frágil y expuesto al fraude que es un sistema 
financiero que no esté suficientemente controlado por normas y se halle 
desprovisto de sanciones proporcionadas a las violaciones en las que 
incurren sus actores. 
En este contexto, la creación de verdaderos 
“carteles” de connivencia entre los sujetos responsables de la correcta 
fijación del nivel de esas tasas constituye un caso de asociación para 
delinquir particularmente perjudicial para el bien común, que inflige 
una peligrosa herida a la salud del sistema económico y que hay que 
sancionar con penas adecuadas que disuadan de su reiteración. [¡A propósito de la cartelización de tasas de comisiones de administración que he denunciado!]. 
28.
Hoy en día, los principales actores del mundo financiero, y en 
especial los bancos, deben contar con órganos internos que garanticen el
 adecuado control de conformidad (
compliance), o autocontrol de 
la legitimidad de los principales pasos del proceso de decisión y de los
 productos más importantes ofrecidos por la empresa. Sin embargo, cabe 
señalar que, al menos hasta un pasado muy reciente, la práctica del 
sistema económico-financiero se basa en gran parte en un juicio 
puramente negativo del control de conformidad, es decir, sobre un 
respeto meramente formal de los límites establecidos por las leyes 
vigentes. Desafortunadamente, de esto también deriva la frecuencia de 
una praxis de hecho elusiva de los controles normativos, es decir, de 
acciones destinadas a zafarse de los principios normativos vigentes, 
cuidándose bien, empero, de no contradecir explícitamente las normas que
 los expresan, para evitar sanciones.
Para evitar todo ello, es necesario que el control de conformidad 
entre en lo específico de las diferentes transacciones también en 
positivo, verificando su cumplimiento efectivo de los principios que 
informan la normativa vigente. La práctica de esta modalidad de control 
quedaría facilitada, según el parecer de muchos, si se establecieran 
Comités éticos, que funcionasen junto a los Consejos de Administración y
 constituyeran el interlocutor natural de quienes deben garantizar, en 
el correcto operar de los bancos, la conformidad entre los 
comportamientos y las razones de las normas vigentes.
A tal fin, dentro de las empresas habría que disponer líneas guía, 
que permitan facilitar este juicio de conformidad, de modo que sea 
posible discernir cuáles de las transacciones técnicamente viables en el
 aspecto jurídico, son de hecho, legítimas y viables desde el punto de 
vista ético (cuestión muy relevante, por ejemplo, para las prácticas de 
elusión fiscal). El objetivo es pasar de un respeto formal a un respeto 
sustancial de las reglas.
Además, es deseable que también en el sistema normativo que regula el
 mundo financiero haya una cláusula general que declare ilegítimos, con 
la consiguiente responsabilidad patrimonial de todos los sujetos 
imputables, aquellos actos cuyo propósito sea principalmente la elusión 
de la normativa vigente.
[...] 
30.
De esta intención especulativa se nutre además el mundo de las finanzas 
offshore, que
, aunque
 también ofrece otros servicios legales, a través de los ampliamente 
difusos canales de elusión fiscal – la evasión y el lavado de dinero 
sucio – constituye otra razón de empobrecimiento del sistema normal de 
producción y distribución de bienes y servicios. Es difícil discernir si
 muchas de estas situaciones dan lugar a casos de inmoralidad próxima o 
inmediata: es ciertamente evidente que tales realidades, donde substraen
 injustamente linfa vital a la economía real, difícilmente pueden 
encontrar una justificación, ya sea desde el punto de vista ético, ya 
sea en términos de la eficiencia global del mismo sistema económico.
Más aún, cada vez resulta más claro que existe un grado de 
correlación apreciable entre el comportamiento no ético de los 
operadores y la quiebra del sistema en su conjunto: es ya innegable que 
las deficiencias éticas exacerban las imperfecciones de los mecanismos 
del mercado[46].
En la segunda mitad del siglo pasado, nació el mercado 
offshore
 de los euro-dólares, lugar financiero de intercambio fuera de cualquier
 marco normativo oficial. Mercado que desde un importante país europeo 
se ha extendido a otros países alrededor del mundo, creando una 
verdadera red financiera, alternativa al sistema financiero oficial, 
jurisdicciones que la protegían.
A este respecto, cabe señalar que, si bien la razón formal para legitimar la presencia de sedes 
offshore
 es la de evitar que los inversores institucionales sufran una doble 
tasación, primero en su país de residencia y luego en el país en el que 
están domiciliados los fondos, de hecho, estos lugares se han convertido
 hoy en día, en ocasión de operaciones financieras a menudo al límite de
 la legalidad, cuando no se “pasan de la raya”, tanto desde el punto de 
vista de su legalidad normativa, como desde el punto de vista ético, es 
decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de 
elusión fiscal.
En la actualidad, más de la mitad del comercio mundial es llevada a 
cabo por grandes sujetos, que reducen drásticamente su carga fiscal 
transfiriendo los ingresos de un lugar a otro, dependiendo de lo que les
 convenga, transfiriendo los beneficios a los paraísos fiscales y los 
costos a los países con altos impuestos. Está claro que esto ha restado 
recursos decisivos a la economía real, y ha contribuido a la creación de
 sistemas económicos basados en la desigualdad. Por otra parte, no es 
posible ignorar que esas sedes
 offshore se han convertido en 
lugares de lavado de dinero “sucio”, es decir, fruto de ganancias 
ilícitas (robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de
 guerra...).
Así, al disimular el hecho de que las operaciones 
offshore no 
se llevaban a cabo en sus plazas financieras oficiales, algunos Estados 
han permitido que se sacara provecho incluso de delitos, sintiéndose no 
responsables porque no se realizaban formalmente bajo su jurisdicción. 
Esto representa, desde un punto de vista moral, una forma obvia de 
hipocresía.
En poco tiempo, este mercado se ha convertido en el lugar de mayor 
tránsito de capitales, ya que su configuración representa una manera 
fácil de realizar diferentes e importantes formas de elusión fiscal. Se 
entiende entonces que la domiciliación 
offshore de muchas empresas importantes que participan en el mercado sea muy deseada y practicada.
31.
Ciertamente, el sistema fiscal de los Estados no siempre parece 
justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en 
perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más
 equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que 
regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando 
es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva 
de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios 
apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de 
la economía real.
En cualquier caso, es precisamente la elusión fiscal de los 
principales actores que se mueven en los mercados, especialmente los 
grandes intermediarios financieros, lo que representa una abominable 
sustracción de recursos a la economía real y un daño para toda la 
sociedad civil. Dada la falta de transparencia de esos sistemas es 
difícil determinar con precisión la cantidad de capital que pasa a 
través de ellos; sin embargo, se ha calculado que bastaría un impuesto 
mínimo sobre las transacciones 
offshore para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo: ¿por qué no hacerlo con valentía?
Además, se ha demostrado que la existencia de sedes 
offshore 
favorece asimismo enormes salidas de capital de muchos países de bajos 
ingresos, generando numerosas crisis políticas y económicas e impidiendo
 a los mismos embarcarse finalmente en el camino del crecimiento y del 
desarrollo saludable.
A este propósito, hay que señalar que diversas instituciones 
internacionales han denunciado reiteradamente todo esto, y no pocos 
gobiernos nacionales han tratado justamente de limitar el alcance de las
 plazas financieras 
offshore. Ha habido muchos esfuerzos 
positivos en este sentido, especialmente en los últimos diez años. Sin 
embargo, todavía no ha sido posible imponer acuerdos y normativas 
adecuadamente eficaces en tal sentido; los esquemas normativos 
propuestos en esta área también por prestigiosas organizaciones 
internacionales han quedado frecuentemente sin aplicación o han 
resultado ineficaces, debido a la poderosa influencia que estas plazas 
pueden ejercer, a causa del gran capital del que disponen frente a 
tantos poderes políticos.
Todo lo cual, al mismo tiempo que constituye un grave perjuicio al 
buen funcionamiento de la economía real, representa una estructura que, 
tal como está configurada actualmente, resulta totalmente inaceptable 
desde el punto de vista ético. Es, por lo tanto, necesario y urgente 
que, a nivel internacional, se apliquen los remedios apropiados a estos 
sistemas inicuos; en primer lugar, practicando a todos los niveles la 
transparencia financiera (por ejemplo, con la obligación de rendición de
 cuentas, para las empresas multinacionales, de sus respectivas 
actividades e impuestos pagados en cada país donde operan a través de 
sus filiales); y también con sanciones incisivas impuestas a los países 
que reiteren las prácticas deshonestas (evasión y elusión de impuestos, 
lavado de dinero sucio) mencionadas anteriormente.
32.
Especialmente en los países con economías menos desarrolladas, el sistema 
offshore
 ha empeorado la deuda pública. Se ha observado, en efecto, que la 
riqueza privada acumulada en los paraísos fiscales por algunas élites ha
 casi igualado la deuda pública de sus respectivos países. Esto 
evidencia asimismo que, de hecho, en el origen de esa deuda a menudo 
están los pasivos económicos generados por privados y luego descargados 
sobre los hombros del sistema público. Entre otras cosas, es bien sabido
 que importantes sujetos económicos tienden a buscar la socialización de
 las pérdidas, frecuentemente, con la connivencia de los políticos.
[...]
33.
Todo lo dicho hasta ahora no afecta solo a entidades fuera de 
nuestro control, sino que cae también dentro de la esfera de nuestra 
responsabilidad. Esto significa que tenemos a nuestra disposición 
herramientas importantes para contribuir a resolver muchos problemas. 
Por ejemplo, los mercados viven gracias a la demanda y a la oferta de 
bienes; en este sentido, cada uno de nosotros puede influir en modo 
decisivo, al menos, en la configuración de esa demanda.
Por lo tanto, es importante un ejercicio crítico y responsable del 
consumo y del ahorro. Hacer la compra, acción cotidiana con la que nos 
dotamos de lo necesario para vivir, implica también una selección entre 
los diversos productos que ofrece el mercado. Es una opción que a menudo
 realizamos de manera inconsciente, comprando bienes cuya producción se 
realiza, por ejemplo, a través de cadenas productivas donde es normal la
 violación de los más elementales derechos humanos o gracias a empresas 
cuya ética, de hecho, no conoce otros intereses sino los de la ganancia 
de sus accionistas a cualquier costo.
Es necesario seleccionar aquellos bienes de consumo detrás de los 
cuales hay un proceso éticamente digno, ya que incluso a través del 
gesto, aparentemente banal, del consumo expresamos con los hechos una 
ética, y estamos llamados a tomar partido ante lo que beneficia o daña 
al hombre concreto. Alguien ha hablado, en este sentido, de “votar con 
la cartera”: se trata, en efecto, de votar diariamente en el mercado a 
favor de lo que ayuda al verdadero bienestar de todos nosotros y 
rechazar lo que lo perjudica.[48]
Las mismas reflexiones deben hacerse en relación a la gestión de los 
propios ahorros, dirigiéndolos, por ejemplo, hacia aquellas empresas que
 operan con criterios claros, inspirados en una ética respetuosa del 
hombre entero y de todos los hombres y en un horizonte de 
responsabilidad social.[49] Y, más en general, cada uno está llamado a 
cultivar prácticas de producción de riqueza que sean congruentes con 
nuestra índole relacional y tendentes al desarrollo integral de la 
persona
IV. Conclusión
34.
Frente a la inmensidad y omnipresencia de los actuales sistemas 
económico-financieros, nos podemos sentir tentados a resignarnos al 
cinismo y a pensar que, con nuestras pobres fuerzas, no podemos hacer 
mucho. En realidad, cada uno de nosotros puede hacer mucho, 
especialmente si no se queda solo.
Muchas asociaciones con origen en de la sociedad civil son, en este 
sentido, una reserva de conciencia y responsabilidad social, de la que 
no podemos prescindir. Hoy más que nunca, todos estamos llamados a 
vigilar como centinelas de la vida buena y a hacernos intérpretes de un 
nuevo protagonismo social, basando nuestra acción en la búsqueda del 
bien común y fundándola sobre sólidos principios de solidaridad y 
subsidiariedad.
Cada gesto de nuestra libertad, aunque pueda parecer frágil e 
insignificante, si orienta realmente al auténtico bien, se apoya en 
Aquel que es Señor bueno de la historia, y se convierte en parte de una 
positividad, que va más allá de nuestras pobres fuerzas, uniendo 
indisolublemente todos los actos de buena voluntad en una red que une el
 cielo con la tierra, verdadero instrumento de humanización del hombre y
 del mundo. Esto es lo que necesitamos para vivir bien y nutrir una 
esperanza que esté a la altura de nuestra dignidad de personas humanas.
[...]
El Sumo Pontífice Francisco, en la audiencia concedida al Prefecto
 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha aprobado las presentes
 Consideraciones, decididas en la Sesión Ordinaria de este Dicasterio y 
ha ordenado su publicación.
Dado en Roma el 6 de enero de 2018, Solemnidad de la Epifanía del Señor.
Notas de pie de página. 
[11] Francesco, Exhort. ap. 
Evangelii gaudium ( 24 novembre 2013),
 n. 53: 
AAS 105 (2013), 1042.
[12] 
Ibid., n. 58: 
AAS 105 (2013), 1042.
[13] Cf. Concilio EcuménicoVaticano II, Decl. 
Dignitatis humanae, n. 14.
[...] 
[23] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. 
Centesimus annus (1 de mayo de 1991), nn. 17, 24, 42:
 AAS 83 (1991), 814, 821, 845.
[24] Cf. Pío XI, Carta enc. 
Quadragesimo anno (15 de mayo de 1931), n. 105: 
AAS 23 (1931), 210; Pablo VI, Carta enc. 
Populorum progressio (26 de marzo de 1967), n. 9: 
AAS 59 (1967), 261; Francisco, Carta enc. 
Laudato si’, n. 203: 
AAS 107 (2015), 927.
[25]
 Cf. Francisco, Carta enc. 
Laudato si’, n. 175: 
AAS 107 (2015), 916.
 Sobre el vínculo necesario entre economía y política, cf. Benedicto XVI, Carta enc. 
Caritas in veritate, n. 36: 
AAS 101 (2009), 671: «
La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil
. Debe estar ordenada a la consecución del bien común
,
 que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, 
se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que 
correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que 
tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es
 causa de graves desequilibrios».
[26] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. 
Caritas in veritate, n. 58: 
AAS (2009), 693.
[27] Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Const. past. 
Gaudium et spes, n. 64.
[28] Cf. Pío XI, Carta enc. 
Quadragesimo anno, n. 89: 
AAS 23 (1931), 206; Benedicto XVI, 
Caritas in veritate, n. 35: 
AAS 101 (2009), 670; Francisco, Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, n. 204: 
AAS 105 (2013), 1105.
[29] Cf. Francisco, Carta enc. 
Laudato si’, n. 109: 
AAS 107 (2015), 891.
[30] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. 
Laborem exercens (14 de septiembre de 1981), n. 9: 
AAS 73 (1981), 598.
[31] Francisco, Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, n. 53: 
AAS 105 (2013), 1042.
[32] Cf. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
 n. 369.
[33] Cf. Pío XI, Carta enc. 
Quadragesimo anno, n. 132: 
AAS 23 (1931), 219; Pablo VI, Carta enc. 
Populorum progressio, n. 24: 
AAS 59 (1967), 269.
[34] Cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2409.
[...]
[40] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. 
Sollecitudo rei socialis, n. 28 
AAS 80 (1988),548.
[...]
[46] Cf. Francisco, Carta enc. 
Laudato si’, n. 189: 
AAS 107 (2015), 922.
[...]
[48] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. 
Caritas in veritate, n. 66:
 AAS 101 (2009), 699.
[49] Cf. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 358