Nueva carta de la profesora María del Rosario Vázquez Piñeros, PhD, denunciando el abuso de las administradoras de fondos de pensiones.
Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia
L.C.
Apreciado Dr. Carrillo:
Respetuosamente me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento que en
carta dirigida al Dr. CARLOS ALFONSO NEGRET, Defensor del Pueblo, con
copia a la Procuraduría (Radicado en la Procuraduría No. E-2018-538859
del 1 de noviembre del 2018), expliqué las irregularidades que giran
alrededor de las afiliaciones a las Administradoras de Fondos Privados
de Pensiones, que han tenido entre sus más graves consecuencias:
a) que
jóvenes universitarios queden pre-afiliados a las mismas, sin que se les
haya brindado la información veraz y debida sobre dicha vinculación,
con la posterior obligación legal de cotizar durante cinco años en
dichas AFP, una vez inician su vida laboral;
b) y que adultos mayores,
tras estos engaños, hayan dejado el régimen público para trasladarse al
privado, donde reciben y recibirán pensiones muy inferiores a las que
habrían tenido en COLPENSIONES.
Advertí, en la primera carta, que
en los estrados judiciales hay múltiples ejemplos de fallos contrarios a
las víctimas, con el argumento injusto y falaz de responsabilizarlas
por haber sido asaltadas en su buena fe, por estos pícaros. Como señalé
en la anterior carta, entre las víctimas estuvo la anterior Ministra de
Trabajo, Griselda Restrepo, el Exjefe jurídico de la Casa de Nariño y el
Exdirector del Presupuesto Nacional, así como altos funcionarios de la
Fiscalía y la rama judicial. Incluso jueces de las Salas Laborales han
tenido que solicitar para ellos mismos la anulación de la afiliación,
porque seguramente no sólo fueron engañados, sino que además, ¡no se
devolvieron a tiempo a COLPENSIONES!. Esta situación ha llevado al punto
de que, por ejemplo, los Honorables Jueces 2 y 30 Laborales del
Circuito de Bogotá, se han declarado impedidos para conocer demandas de
nulidad de la afiliación a las Administradoras de Fondos Privados, con
el consecuente retorno a COLPENSIONES (1). Además, ha llevado a altos
funcionarios –entre ellos, los arriba mencionados– a caer, al igual que
otros colombianos, en manos de una red de estafadores, con el fin de
poder recuperar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Lo anterior constituye una demostración irrefutable de que no fue por
irresponsabilidad de las víctimas de las AFP –como expresan algunos
juristas y honorables jueces en sus fallos– lo que ocasionó la pérdida
del derecho a la Prima Media de Colpensiones. Por el contrario, lo que
hay detrás de esta problemática, es una masacre pensional, en contra los
adultos mayores del país, perpetrada por el sector financiero, que ha contado hasta la fecha con
la indiferencia de las autoridades públicas y la permisividad de algunos
miembros del Estado.
En esta segunda carta, me permito añadir
información que se encuentra en una tesis de Especialización de una
reconocida institución universitaria ("Implementación de control interno en la falsificación de firmas de las afiliaciones de una AFP", https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/14645), la cual suscita una serie de
cuestionamientos que también manifiesto en este escrito. Según esta investigación, en una sola AFP y en
un solo año, el 2015, se presentaron 27.850 quejas por afiliaciones
fraudulentas como resultado de falsificación de firma. Considero de la
mayor importancia que las autoridades competentes revisen y corroboren
la información presentada en dicha tesis. Y que puedan constatar cuántas
falsificaciones de firmas para afiliaciones se han presentado en todas
las AFP, no sólo en el año 2015, sino en los 26 años transcurridos desde
que estas aparecieron tras la emisión de la Ley 100 de 1993, con el fin
de que las autoridades procedan como corresponde para este tipo de
faltas.
Asimismo, reitero mi respetuosa solicitud para que el
Estado indague cuántas afiliaciones irregulares ha habido a dichas AFP,
no sólo por falsificación de firmas, sino a través de los otros tipos de
argucias como las que ya anoté en mi anterior escrito (Radicado en la
Procuraduría No. E-2018538859, del 1 de noviembre del 2018): tarjetas
promocionales, presiones por parte de los empleadores, afiliación por
parte del empleador sin el consentimiento del empleado, información
falsa e insuficiente, etc.
En este orden de ideas, me permito
informar acerca de algunos ejemplos concretos que he tenido la
oportunidad de escuchar personalmente.
La directora de la oficina de
Gestión Humana de una empresa radicada en Bogotá, señora que fue víctima
de la estafa de una AFP y a quien la justicia colombiana le ha negado
en segunda instancia devolverse a Colpensiones, me narró cómo un
directivo estableció como política de dicha empresa que todos los
empleados debían trasladarse a una AFP, en esa época a cargo de
Colpatria. Y que cuando ella le solicitó que no se presionaran dichos
traslados, él respondió que requería de la colaboración de los
trabajadores, trasladándose masivamente al régimen privado, porque la
empresa estaba urgida de unos préstamos que recibiría a cambio de dichas
afiliaciones. Además, la AFP garantizaba unas pensiones mejores que las
del régimen público. La persona me dice que no quiere hacer quedar mal a
la empresa, por varias razones: la primera, que dicho jefe ya no labora
en la institución; la segunda, que su actual jefe ha demostrado la
mayor generosidad y solidaridad con ella, garantizándole que le dará
empleo aun cuando le llegue la edad para jubilarse porque es consciente
de que a ella no le alcanzaría el monto correspondiente a un salario
mínimo que recibirá como pensión, tras su afiliación irregular a la AFP.
Y quiero añadir que muchas personas se encuentran en la misma
situación: la de temer involucrar a sus patronos por temor a perder su
empleo al llegar la edad pensional, dado que con la pensión que
recibirán, requerirán seguir trabajando de por vida, es decir, en su
vejez, edad en la que las puertas laborales se cierran.
Otro
ejemplo, éste relativo al engaño a jóvenes universitarios, ocurrió en el
segundo semestre del 2018, en la Universidad donde yo trabajo, donde
fui informada por los alumnos de que otra vez había funcionarios de
Porvenir ofreciendo bonos promocionales a los estudiantes. Hubo quienes
cayeron en la trampa, sin ser advertidos de que habían sido preafiliados
a dicha AFP. Un alumno, le recriminó a una funcionaria de Porvenir,
pidiéndole que por lo menos fuera sincera y les dijera a los estudiantes
que los estaban preafiliando a dicha AFP para que cotizaran pensiones y
cesantías una vez comenzaran su vida laboral; pero la asesora tuvo el
descaro de negarlo rotundamente, asegurando que sólo se trataba de
inscripciones para otorgar dichos bonos promocionales.
Otro caso: una empleada de servicios generales de la institución donde
trabajo, me relató cómo estando afiliada al régimen público, ingresó a
una empresa y sin su consentimiento, apareció afiliada a una AFP. Cuando
se dio cuenta y pidió ser devuelta a Colpensiones, le dijeron que debía
permanecer en la AFP, por cinco años. Me aseguró que lo mismo le había
ocurrido a su esposo.
Asimismo, una amiga mía, también víctima de una
AFP, me relató que su cuñado, profesor de un colegio, entró en una
terrible depresión e intentó suicidarse como consecuencia del engaño del
que fue objeto en cuanto al monto de su pensión.
Asimismo, un insigne
profesor de una de las más prestigiosas universidades del país, me hizo
saber que no estaba en condiciones de dar su testimonio para una
investigación académica sobre el tema, puesto que, como resultado de
este engaño, no sólo está perdiendo todos sus bienes, sino que la
angustia lo ha llevado a sufrir cuatro infartos y acaba de pasar por una
isquemia cerebral. Además, dice que no aparecería en los medios de
comunicación, como consecuencia del dolor que le produjo la dureza y
falta de tacto con que la W entrevistó a una víctima de las AFP, la Dra.
Ita Restrepo, cuyo testimonio se encuentra en youtube, y cité en mi
anterior carta.
Espero que estos ejemplos sirvan a las autoridades
competentes para orientar las indagaciones sobre la presente queja. Y
aclaro que no se trata de casos aislados, como pretende hacer creer
Asofondos. Conozco muchos más, en diferentes partes del país. Se trata
de políticas irregulares, ilegales y sistemáticas de afiliación a las
AFP, cuyas víctimas fueron y siguen siendo los asalariados y adultos
mayores de Colombia.
Por otra parte, me permito amablemente
solicitar que se investigue cuánto dinero ha perdido el régimen público
de COLPENSIONES, como resultado de estas afiliaciones irregulares a las
AFP, a lo largo de los años transcurridos desde la entrada en
funcionamiento de los fondos privados; cuánto hemos tenido que pagar los
colombianos para sostener el desangre del régimen público de
COLPENSIONES como resultado de este tipo de afiliaciones irregulares,
ilegales y engañosas; y cuánto dinero le ha costado al fisco atender las
quejas en los organismos de control (como, por ejemplo, en las
Superintendencias); así como en los juzgados laborales, para resolver
las demandas de los cotizantes contra dichas entidades privadas para
anular esas vinculaciones. Porque, claramente, todo esto lo hemos tenido
que pagar los ciudadanos colombianos con nuestros impuestos a través
del fisco.
Y desde luego, considero necesario establecer cuántas
son las víctimas afectadas por estas irregularidades: cuántos los
jóvenes que han sido y siguen siendo pre-afiliadas con engaños; cuántos
los adultos mayores estafados en el monto de su pensión de vejez. Y de
estos, cuántos pudieron retornar a COLPENSIONES; y a cuántos, la
justicia colombiana les negó este derecho. Y cuántos, sencillamente, por
falta de recursos, no han podido demandar para obtener la anulación de
estas fraudulentas vinculaciones. Y cuáles han sido las consecuencias
económicas, sociales, emocionales, psicológicas y de salud que sufren
las víctimas de las AFP, cuando se dan cuenta del monto irrisorio de su
pensión, después de haber sido engañados y luego de haber trabajado toda
una vida. Asimismo, es importante establecer cuántos jueces de las
salas laborales del país tuvieron que solicitar demanda de nulidad por
la afiliación a una AFP; y cuántos magistrados, si los hubo.
Por
otra parte, se requiere averiguar quiénes son los asesores que aparecen
vinculados a quejas o demandas para anulación de vinculaciones
irregulares, pues una queja podría denotar un caso aislado; pero un
mismo asesor del que sus clientes se hayan quejado por falsificaciones,
información falsa e incompleta, etc., no debería pasar desapercibido, ni
para las AFP que los emplearon y premiaron por las afiliaciones que
consiguieron; ni frente a los organismos de control y la justicia
colombiana. E igualmente, es indispensable verificar si los directivos
de las AFP, al detectar estas conductas ilegales, las sancionaron y las
reportaron a las autoridades competentes, o
sencillamente, como estrategia institucional, las promovieron y, o
condescendieron con ellas, ocasionando con su actitud un grave perjuicio
a la sociedad. Lo mismo ocurre con los empleadores que presionaron a
sus trabajadores y, o directamente los afiliaron de forma irregular. Se
hace necesario identificar quiénes procedieron de esta forma ilegal; y
si lo hicieron a cambio de algún tipo de prebenda.
Por otra parte,
retomando el tema de la tesis de Especialización mencionada, debo
señalar que en ella aparece que buena parte de estas quejas por
falsificación de firmas en las vinculaciones a la AFP, objeto de dicho
estudio, fueron reconocidas como ciertas, en unos casos por la misma
AFP; y en otros, por los organismos de control, tras el análisis de
expertos grafólogos. Entonces, como la falsificación es un delito,
considero de la mayor relevancia investigar cuántos de estos fueron
reportados a la Fiscalía (en concordancia con el Art. 67 del Código de
Procedimiento Penal), ya bien por las mismas AFP, que reconocieron
dichas falsificaciones, o por los organismos de control, para que los
responsables fueran investigados y sancionados penalmente.
Y si
fueron efectivamente reportados a la Fiscalía, es indispensable
averiguar cuántos han sido investigados por dicha Institución. Por lo
tanto, cabe preguntarse, a la fecha, cuántas personas y organizaciones
han sido sancionadas en Colombia por estas conductas que atentan contra
la seguridad social de los ciudadanos. Y si hubo negligencia en
reportar, investigar y sancionar estos delitos, solicito respetuosamente
se investigue a los responsables del sector público y privado,
involucrados en tan grave negligencia.
Con un caso real, quiero
dar a conocer el modo irregular de operar: la asesora de Porvenir que
vilmente me engañó para lograr mi traslado a esa AFP, le falsificó la
firma a una colega. Porvenir reconoció la falsificación y la víctima fue
devuelta a COLPENSIONES. Mientras tanto, la afectada interpuso la
denuncia ante la Fiscalía, por falsedad en documento privado contra la
asesora de Porvenir(2). Después de casi tres años, la Fiscalía, para
adelantar la investigación, le solicita a la denunciante que entregue el
concepto de un grafólogo, contratado por ella, para que confirme lo que
la misma AFP, ya aceptó; es decir, que hubo falsificación de firma.
Por otro lado, me permito poner en su conocimiento, que la Defensoría
del Pueblo remitió la carta de denuncia sobre las víctimas de los fondos
privados, al presidente de Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo,
solicitándole una respuesta a las quejas que expongo. Pero resulta que
el señor Montenegro ya se pronunció de la siguiente manera: primero,
contestó a mi columna “La Estafa de los Fondos Privados de Pensión” (3),
enviando una respuesta al correo institucional con copia a todas las
directivas de mi sitio de trabajo, incluido el Rector, vicerrectores y
Decano, con el fin de amedrentarme en mi entorno laboral. Al día
siguiente, publicó dicha respuesta en Las2Orillas, afirmando que era yo
quien estaba desinformando a la opinión pública y advirtiéndome que
debía retractarme (4). Me vi en la obligación moral de
exponerle, también en Las2Orillas, al señor Montenegro Trujillo, las
razones por las cuales no me podía retractar (5).
Luego, tuvimos la
oportunidad de encontrarnos en la Comisión 7ª de la Cámara de
Representantes, donde fui interrumpida en la presentación de mi
ponencia, de escasos diez minutos, y el Dr. Montenegro quiso dar una
“justa réplica” (6). Es decir, para negar ante los congresistas y todo el
país (el debate se estaba trasmitiendo en vivo, por televisión) la
veracidad de mis quejas.
Y, por último, cuando un grupo de
víctimas de las AFP tuvimos un espacio, en julio del 2018, de denunciar
nuestra problemática en la W, como colofón al programa, fue entrevistado
el señor Santiago Montenegro, quien insistió, como siempre, en su
presunta y gran preocupación por los pobres, el ahorro y la justicia;
afirmó que Asofondos se comunicaría con las personas que habíamos
presentado nuestro caso en dicha emisora para averiguar en qué consistía
nuestra denuncia, pretendiendo hacer ver que se trataba de
sorprendentes casos aislados. Cuando esta problemática afecta a miles de
colombianos, y no sabemos si su número asciende a varios cientos de
miles, tal vez millones; y con el tiempo esta cantidad puede aumentar.
En todo caso, hasta el día de hoy, ninguna de las víctimas que
transmitió su testimonio al aire, ni las que los enviaron a la emisora –
que no fueron trasmitidos, pero sí fueron puestos en conocimiento del
citado señor– ha recibido respuesta alguna; ante lo cual, se puede
concluir, que dicho ofrecimiento fue una mentira para quedar bien con la
audiencia y encubrir la verdad. Finalmente, el Dr. Montenegro culminó
su intervención en la W, recitando poemas de José Asunción Silva (7).
De los pronunciamientos hechos por el señor Montenegro Trujillo,
representante y líder de los fondos privados, se evidencia que a toda
costa Asofondos evade la responsabilidad de la estafa del derecho
fundamental a la Seguridad Social en Pensiones, tal como ampliamente ha
sido denunciado en los medios, no solo por mí, sino por economistas,
periodistas, abogados, politólogos, entre otros, mientras, por otro
lado, continúa protegiendo el negocio del sector financiero con los
derechos fundamentales. En la respuesta que Asofondos dio a mi queja
presentada en la Defensoría del Pueblo, dicha institución insiste en
responsabilizar a las víctimas engañadas por las afiliaciones
irregulares a las AFP. Así, de forma cínica y sistemática, este gremio
se niega a reconocer la veracidad de estas irregularidades y evade la
responsabilidad de sus actuaciones, sin importarle el grave perjuicio y
la tragedia a la que se ven sometidas las personas engañadas en sus
derechos pensionales (8).
En este orden de ideas, solicito que la presente carta y la tesis que
adjunto no sean reenviadas al señor Montenegro, para garantizar que los
testimonios y pruebas, no sean objeto de presión por parte de Asofondos,
como me ocurrió a mí, en su momento. Porque lo que respetuosamente he
venido solicitando, es que el Estado proteja a las víctimas de las AFP y
que las autoridades competentes puedan actuar con libertad y total
autonomía, sin que se presenten interferencias indebidas por parte de un
poderoso sector financiero cuyo comportamiento ético no ofrece
garantías.
Por lo anterior, respetuosamente informo que cuando fue
publicada la noticia de El Tiempo, titulada “Corte, dividida frente al
traslado de pensión en los últimos 10 años” (9), acerca de la demanda de
tres ciudadanos a la norma que prohíbe cambiarse de régimen diez años
antes de la pensión, dirigimos una carta a la Magistrada de la Corte
Constitucional, Dra. Gloria Ortiz, para agradecer su actuación a favor
de la eliminación de tan injusta e inconstitucional normativa, que
evidentemente es cuestionada por su validez, eficacia y legitimidad, así
como por sus nefastas consecuencias para las víctimas de las AFP y
todos los colombianos. Posteriormente, la secretaria de la Magistrada
nos informó que ella sí recibió la carta, pero se nos negó una cita por
razones éticas. Desde luego, nos conformamos con la respuesta de la Dra.
Ortiz, y asumimos cualquier requerimiento en aras de la transparencia.
Sin embargo, nos llama la atención que el presidente de Asofondos
sí haya tenido la oportunidad de reunirse con la Corte Constitucional en
noviembre del 2017, en la ciudad de Pasto, como lo reconoce el propio
Santiago Montenegro. En esa ocasión, el representante de Asofondos les
expresó a los magistrados, que “se le debería pedir al Legislador crear
un nuevo régimen de seguridad social”, financiado con los “recursos
liberados de la eliminación de los subsidios que actualmente otorga el
régimen público a las personas con elevados ingresos” (10). Es decir,
eliminando el régimen de prima media de COLPENSIONES, precisamente el
que perdimos las víctimas de las AFP, por las afiliaciones ilegales y
como resultado de la absurda, ilegítima, inválida e ineficaz normativa
que impide recuperar ese derecho con diez años de antelación.
Como
ciudadana reitero mi preocupación, ya no sólo porque los derechos
sociales como la pensión de vejez se encuentren en manos del sector
financiero, por el carácter especulativo y comercial que le dan a los
ahorros de los cotizantes y por sus irregulares e ilegales actuaciones
respecto a las afiliaciones; sino porque considero de la mayor gravedad
que el grupo AVAL, dueño de Porvenir, la AFP más grande del país, tenga a
su cargo la mayor parte de las cotizaciones pensionales de los
colombianos, cuando en las actuales circunstancias dicho grupo se
encuentra gravemente cuestionado, a nivel nacional e internacional, por
corrupción. Y especialmente ahora cuando recientes noticias sobre
reportes económicos señalan que la baja credibilidad del grupo Aval está
afectando el valor de sus acciones (11), lo que, por pertenecer dicha
firma al señor Sarmiento Angulo, suponemos representa un riesgo adicional para los derechos
sociales de los colombianos, sobre todo para quienes tienen sus
cotizaciones en Porvenir(12).
Con esto, reitero el cuestionamiento
de mi anterior carta, a la Ley 100 y al Decreto 1385 del 2015 (creadora
de Fondos de Capital Privado) (13), por ir en contra del principio
constitucional que prohíbe que dineros de servicios públicos sean
utilizados con fines comerciales, como sabemos lo hace el sector
financiero, arriesgando y perdiendo dineros correspondientes a un
derecho social. Y en el presente escrito añado que encima de todo, no
pueden estar dichos ahorros a cargo de un sector con cuestionamientos
jurídicos y éticos, ya no sólo por las afiliaciones ilegales, sino por
su presunta responsabilidad en otros actos de corrupción, que, para
colmo, perjudican todavía más, los ahorros correspondientes a dichos
derechos pensionales.
Por último, en la medida en que mi queja,
inicialmente dirigida a la Defensoría del Pueblo, con copia a la
Procuraduría, fue redirigida a varios organismos, entre ellos, la
Fiscalía. Aunque desde luego, confío en la idoneidad de los funcionarios
de la Fiscalía encargados del caso (14), solicito respetuosamente, que
contemos con las garantías para que esa Institución pueda realizar una
investigación objetiva e imparcial, puesto que se encuentra presidida
por el Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, ex asesor de Sarmiento Angulo
y seriamente cuestionado –entre otras razones– por su cercanía, nexos y
condescendencia con el grupo Aval; y por la forma como ha manejado las
denuncias sobre la actuación de dicho grupo económico en el caso de
corrupción de la multinacional Odebrecth.
Por otra parte, pongo en
su conocimiento que la Defensoría del Pueblo también remitió mi
inconformidad al Ministerio del Trabajo. Ya me llegó respuesta de dicha
entidad. Ellos reenvían el caso a la Superintendencia Financiera, al
considerar que no es de su competencia intervenir en el tema relacionado
a las afiliaciones irregulares a las AFP (15). En todo caso, creería que
las afiliaciones a las AFP, no sólo atañen a la Superintendencia
Financiera, en cuanto que, lo que las AFP están vulnerando, son los
derechos laborales de millones de colombianos, cuya garantía se supone
constituye la misión esencial del Ministerio del Trabajo.
Respetado Dr. Carrillo, confío en que la Procuraduría General de la
Nación, así como la Fiscalía, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y
Comercio, la Comisión 7a de la Cámara de Representantes, el Ministerio
del Trabajo (que esperamos modifique su posición y asuma su
responsabilidad en defensa de los derechos de los afectados), todas
estas, entidades a las cuales la Defensoría remitió la carta del 1 de
noviembre del 2018; la Defensoría, y ahora también, como lo sugirió esta
última, la Contraloría General (a la que radico las dos cartas sobre el
particular), y la Superintendencia Financiera (a quien el Ministerio
del Trabajo remitió nuestra inconformidad), asuman, con la mayor
seriedad, compromiso y diligencia, la indagación sobre estas
irregularidades y los cuestionamientos que planteo, que afectan
gravemente los derechos sociales de las víctimas de las AFP (jóvenes y
adultos mayores), al erario público y, en este orden de ideas, los
intereses de todos los colombianos.
Quedo atenta y a la espera de su amable respuesta.
Cordialmente,
María del Rosario Vásquez Piñeros
cc.: 51.792.963 de Bogotá
Con copia a la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía y la
Defensoría del Pueblo. Dejo a la Procuraduría y a la Fiscalía la
remisión del material que considere conveniente, en el momento que lo
considere oportuno, a las otras instancias a las que la Defensoría del
Pueblo y el Ministerio del Trabajo remitió mi carta: Comisión Séptima,
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la
Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia Financiera.
Anexos:
1. Se anexa a la Contraloría General de la
Nación la Carta presentada en la Defensoría y en la Procuraduría, el 1
de noviembre del 2018, en la cual solicitamos a dicha instancia su
intervención y apoyo a las víctimas de las AFP en Colombia. La
Defensoría remitió esta carta a las entidades arriba mencionadas y me
sugirió dirigirme a la Contraloría. 2. Se anexa la tesis: Jazmín
Adriana Martínez Herrera (David Mendoza Beltrán, asesor de
investigación), Implementación de control interno en la falsificación de
firmas de las afiliaciones de una AFP, tesis de Especialización Control
Interno, Dirección de Posgrados Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Militar Nueva Granada, 2016.
Notas:
1 Fui informada de estos hechos en noviembre del 2018. Hago referencia a ella en la Nota Ciudadana publicada en Las2Orillas. Cfr. María del Rosario Vázquez Piñeros, “Qué esperar de un gobierno que defiende al grupo Aval”, Las2Orillas, 19 de diciembre del 2018: https://www.las2orillas.co/que-esperar-de-un-gobierno-que…/… cebook
2 INDICIADO: LUZ ANGELA BARRAGAN QUINTANA identificada con C.C. No 35.475.506 Y CONTRA PORVENIR PENSIQNJESJC.CE&4&IÍAS, identificada con el NIT N. 800.144.331-3. Recibido 035103. 1 de diciembre del 2015.
3 María del Rosario Vázquez Piñeros, “La estafa de los Fondos Privados de Pensión”, en El Espectador, 28 de febrero del 2017.
4 Santiago Montenegro, “Respuesta a la nota ciudadana: “La estafa de los Fondos Privados de Pensión, Las2Orillas, 2 de marzo del 2017.
5 María del Rosario Vázquez Piñeros, “Carta abierta a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, Las2Orillas, 7 de marzo del 2017.
6 María del Rosario Vázquez Piñeros, Ponencia en la Comisión 7ma de la Cámara, “Las víctimas de las Administradoras de Fondos Privados en Colombia: a la espera de verdad, justicia y reparación”, 9 de mayo del 2018:https://www.youtube.com/watch?v=bIjfhY62ctI
7 “La respuesta de Asofondos sobre críticas a los fondos privados de pensiones”: http://www.wradio.com.co/…/la-re…/20180718/nota/3775357.aspx
8 C2146-18. Este PDF lo envió Asofondos a la Defensoría del Pueblo como respuesta al requerimiento que le hizo para dar respuesta a mi queja. A mí también me enviaron por correo y en físico, dicho documento.
9 “Corte, dividida frente al traslado de pensión en los últimos 10 años”, El Tiempo, 9 de mayo del 2018.
10 Santiago Montenegro, “Principios para una reforma del sistema de protección a la vejez en Colombia”, en La Reforma Pensional: controversia analítica, Economía Colombiana, Contraloría General de la República de Colombia, Edición 352, abril-junio del 2018, p. 13.
11 “Acciones del grupo Aval extienden sus pérdidas con caída de las bolsas internacionales. Impacto externo se suma a los escándalos de Odebrecht”, La República, 20 de noviembre del 2018. “Fortuna de Sarmiento Angulo ha disminuido en 1.000 millones de dólares tras la muerte de Pizano, según Bloomberg”, en Semana, 29 de noviembre del 2018.
12 María del Rosario Vázquez Piñeros, “Qué esperar de un gobierno que defiende al grupo Aval”, Las2Orillas, 19 de diciembre del 2018: https://www.las2orillas.co/que-esperar-de-un-gobierno-que…/…cebook
13 Artículo 1°. Modifícase el subnumeral 1.10 del numeral 1 del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así: “1.10 Inversiones en fondos de capital privado que tengan por finalidad invertir en empresas o proyectos productivos en los términos previstos en la Parte 3 del presente decreto o demás normas que lo modifiquen o sustituyan, incluidos los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de fondos”. Las AFP podrán adquirir compromisos para participar o entregar dinero, sujetos a plazo o condición, para realizar la inversión prevista en este numeral.
14 La Fiscalía ya me hizo llegar copia del Radicado No. 20197720000121. Oficio No. DSC-20300-. Asunto: Remito NC. 110116099091201900001.
15 Ministerio del Trabajo, Radicado 11EE201823000000066538. Remite a la Superintendencia Financiera por la Sede CENTRALES DT. Depen SUB. DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS, Radicado: 08E2018231000000049035. Me fueron enviadas las copias de los dos radicados.
